Montero asegura que "el derecho al aborto estará garantizado en todos los hospitales públicos"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido en el Congreso para informar sobre las políticas llevadas a cabo por su departamento, entre ellas la nueva ley del aborto, que prevé blindar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los centros públicos y eliminar el consentimiento paterno para las jóvenes de entre 16 y 18 años.

"El derecho al aborto no solo supone el derecho a que una mujer pueda interrumpir voluntariamente su embarazo, sino el derecho a decidir sobre su maternidad. Si desean ser madres y, en el caso de que así sea, cuándo y cómo", ha afirmado Montero.

La reforma garantizará el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y también incluirá, según ha adelantado la ministra, la reducción del IVA en los productos de higiene menstrual, educación sexual integral, corresponsabilidad en la anticoncepción y recogerá la salud menstrual como estándar de salud.

"Creo firmemente que la calidad democrática de un país se mide también en función de la capacidad de los poderes públicos para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. El control del cuerpo de las mujeres, y en concreto de nuestra capacidad reproductiva, es una de las mayores armas del machismo contra nuestra libertad", ha manifestado.

Montero ha asegurado que la norma que prevé impulsar el Gobierno "supone un cambio de paradigma", y entre sus principales claves destaca el blindaje del derecho al aborto en la sanidad pública.

"El aborto estará garantizado en todos los hospitales públicos. Debe haber profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo, ya que si bien se respeta la objeción de conciencia, también se debe respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos", por ello ha defendido una regulación del derecho a la objeción de conciencia similar a la ley de eutanasia.

La titular de Igualdad ha tachado de inaceptables los "obstáculos que sufren muchas mujeres cuando pretenden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo". Según ha señalado, "los datos muestran que no se trata de casos aislados sino de un problema estructural, ya que el 87% de los abortos se realizan en entornos extrahospitalarios, y el 78% en centros privados, lo que evidencia el problema de la accesibilidad".

"Hay hospitales en que todos sus profesionales son objetores de conciencia, y aunque respetamos ese derecho, esto no puede ser un impedimento para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", ha defendido.

Entre las claves de la futura ley se encuentra la eliminación del periodo de 3 días de reflexión que deben afrontar las mujeres una vez que han decidido interrumpir voluntariamente su embarazo.

Además, desaparecerá el consentimiento paterno para que las jóvenes de 16 a 18 años puedan ejercer su derecho. "Es deber del Gobierno blindar este derecho en la sanidad pública y garantizar que las adolescentes puedan acceder de foma autónoma; si son responsables para trabajar o mantener relaciones, también lo son para decidir sobre su cuerpo", ha afirmado la ministra.