La Fiscalía considera que existen "indicios racionales" de prevaricación y malversación de Alberto Casero como alcalde de Trujillo

Alberto Casero, diputado del PP por Extremadura, ha sido más conocido en las últimas semanas tras su error en la votación telemática que permitió sacar adelante la reforma laboral del Gobierno de coalición.

Pero Casero lleva mucho tiempo en las filas populares, de hecho fue alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019 y además ha sido el número 2 de Teodoro García Egea, el ahora ex secretario general de los populares que debido a la crisis interna del PP por el presunto espionaje a Ayuso, se ha visto forzado a abandonar el partido.

Ahora, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha elaborado un informe en el que considera que "existen indicios racionales" de prevaricación y malversación por parte del ex alcalde popular durante ciertos periodos de su mandato, en concreto entre los años 2017 y 2018.

"Indiciaria responsabilidad penal"

Toda la actuación proviene de una denuncia presentada hace tiempo por la Fiscalía tras analizar varios contratos, convenios y acuerdos concertados por Casero durante los citados años. La magistrada consideró entonces que podría existir "indiciaria responsabilidad penal" de Casero, que al ser diputado en el Congreso tiene la condición de aforado.

Tras este informe en el que se vertían ciertas sospechas, el Juzgado Número 2 de Trujillo instó al Supremo a investigar a Casero y ahora, la fiscalía del Alto Tribunal, ve indicios de que el diputado popular llevó a cabo contratos "sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos para ello".

Entre otros asuntos que se recogen en el informe, destaca la contratación de Pablo Bonilla, un psicólogo, para asistir a víctimas de violencia de género en 2017. El profesional cobró más de 6.000 euros y después Casero volvió a firmar un contrato con él de 1 año de duración por valor de 18.000 euros.

La Fiscalía resalta que el alcalde no informó al Ayuntamiento del contrato firmado ni tampoco entregó el documento al órgano de contratación competente ni se aprobó dicho gasto. Además, el texto señala que "no consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura desde julio a octubre de 2017".