Ángel Gabilondo estará al frente de la comisión que investigará los presuntos abusos sexuales cometidos en la Iglesia, así lo ha decidido el Congreso de los Diputados en la votación que ha contado con el visto bueno de todos los grupos salvo Vox, que ha votado en contra.
Se trata de la primera vez que las denuncias de los presuntos casos de pederastia en el seno eclesiástico son investigadas por orden de la Cámara Baja. Según el texto aprobado la comisión tendrá "poderes" para obligar a que los obispos implicados comparezcan en la investigación.
Después de años y años de reivindicaciones de las víctimas, el Congreso ha dado luz verde a la primera investigación de los abusos en la Iglesia.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con 286 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones la Proposición No de Ley impulsada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV) relativa a encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una Comisión independiente con el encargo de elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos.
Las enmiendas de los grupos parlamentarios Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano y Euskal Herria Bildu, por una parte, y Popular, por otra, han sido rechazadas.
La comisión tendrá como objetivo contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades y a la reparación de las víctimas
La iniciativa aprobada insta al Gobierno a encomendar al Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos fundamentales, que proceda a constituir una Comisión independiente presidida por él y formada por personas expertas. La propuesta se justifica en las "múltiples iniciativas impulsadas en países de nuestro entorno" y menciona las comisiones de Irlanda, Reino Unido, Alemania, Portugal y Francia.
La comisión propuesta para España tendría como objetivo "contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades", así como a la "reparación de las víctimas" y a la planificación de políticas públicas para prevenir y atender los casos de abusos sexuales a menores.
Las conclusiones y recomendaciones resultantes de la comisión se plasmarían en un informe remitido a las Cortes Generales y al Gobierno de España que sería presentado por el Defensor del Pueblo ante el Pleno del Congreso. En el debate del Pleno los grupos parlamentarios podrían adoptar las iniciativas que consideren convenientes en relación a las conclusiones expuestas.
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