El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado por unanimidad su informe sobre el anteproyecto de la conocida como 'ley trans'.
Pero en el dossier, muy crítico con la ley, resaltan que podría vulnerar los derechos de las mujeres no transexuales.
También reclaman en el texto un mayor control respecto a los cambios de sexo en el caso de los menores de 16 años.
Una norma "loable", pero faltan concreciones
Los encargados de elaborar el informe resaltan la orma impulsada por el Ejecutivo de coalición es "loable", pero inciden en que faltan determinadas concreciones en el texto legal que, si no se plasman, podría mermar los derechos de las mujeres no trans en el ámbito deportivo o en casos de violencia de género.
Otro punto que ya generó controversia en su momento, es el de la posibilidad de cambio de sexo a partir de los 16 años sin la necesidad de la aprobación paterna o de un juez. La ley recoge que a partir de esta edad, se puede cambiar en el Registro Civil su nombre y el sexo con una declaración expresa.
Entre los 12 y los 16 podrán registrarse con su nombre y sexo deseados en el Registro pero con la aprobación previa de sus padres o tutores legales. Mientras, los menores de 12 también podrán hacerlo, aunque con el beneplácito de un juez. Un punto que los magistrados del CGPJ no comparten del todo e indican en su informe que en los casos de los menores de 16 años debería intervenir un juez para corroborar la madurez y estabilidad del menor ante la decisión de cambio.
En lo que el informe y la ley más coinciden, es en el apartado que prohíbe las terapias de conversión, un punto que los jueces aplauden aunque resaltan la dificultad de llevarlo a la práctica cuando el afectado ha consentido la terapia.
Montero insiste en tramitar con "urgencia" la ley
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado en Twitter el retraso en la publicación del informe del CGPJ, aunque ha puntualizado que no es ninguna "sorpresa".
La ministra ha insistido en que la "hoja de ruta" del Ejecutivo no ha variado y el objetivo es tramitar "de urgencia" la ley para que llegue al Congreso lo antes posible.
El anteproyecto salió adelante con una fuerte división en el Ejecutivo y ahora se suma la aprobación del informe crítico de la Justicia, pero se trata de un informe no vinculante, por lo que el Gobierno puede proseguir con sus planes para llevar la ley al Congreso.
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