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Luis Medina en 2 portadas de la revista 'Hola'
Luis Medina en 2 portadas de la revista 'Hola' (Foto: 'Hola')

El juez imputa un delito de alzamiento de bienes a Luis Medina

Por MDO
miércoles 20 de abril de 2022, 19:35h

El juez Adolfo Carretero ha ampliado la lista de delitos que le atribuye a Luis Medina y le añade también el de alzamiento de bienes atendiendo a la petición del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento, personado como acusación popular en el caso de los contratos para material sanitario suscrito durante la pandemia por el Consistorio con una empresa de Malasia a través de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Por esa operación ambos se embolsaron 6 millones de euros en comisiones y se les investigaba por un delito de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Según el magistrado, ha quedado acreditado que el empresario realizó diversas transacciones con el millón de euros que recibió y lo hizo después de declarar en la sede de anticorrupción en abril de 2021. Le impone, además, una fianza por responsabilidad civil de cerca de 900.000 euros que tendrá que depositar en el plazo máximo de tres días.

Además, envía un oficio al juzgado de Sevilla que tramita la herencia de la abuela del aristócrata para conocer en qué estado está el proceso y asegurar la parte que pudiera corresponder a Medina.

El juzgado ha abierto una investigación patrimonial de sus bienes tanto en España como en el exterior en vista de que no ha sido posible encontrar los bienes suficientes para hacer frente a la fianza que pedía la Fiscalía Anticorrupción. Solo se ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar de 325.515 euros de valor y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civiles de los presuntos delitos investigados, que ascienden a 1.216.984,33 euros en el caso de Medina.

Además, el juez ha ordenado el embargo de un piso propiedad de Alberto Luceño ubicado en Pozuelo de Alarcón. Esta propiedad junto al dinero que le han bloqueado en sus cuentas no es suficiente para hacer frente a la responsabilidad civil que pide la Fiscalía y que supera los 5 millones de euros.

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