El Defensor del Pueblo investigará el espionaje a líderes independentistas con Pegasus

El presunto espionaje más de 60 líderes independentistas catalanes ha provocado una nueva crisis entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de Pere Aragonès, ya que supone una amenaza para la legislatura. Mientras el Congreso podría abrir una comisión para esclarecer los hechos, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado que investigará este escándalo.

Uno de los temas que ha marcado la agenda política en los últimos días es el espionaje a líderes independentistas, la mayoría catalanes, a través del sistema Pegasus. El caso fue desvelado por The New Yorker, que publicó que 63 personas del entorno independentista fueron víctimas de Pegasus, una herramienta de ciberespionaje que infecta dispositivos móviles sin el conocimiento de su propietario y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos, leer mensajes o modificar archivos almacenados.

Cuando esta información salió a la luz, el Govern de Pere Aragonès amenazó con la retirada del apoyo de ERC al Gobierno de coalición, lo que podría poner en peligro la continuidad de la legislatura. Aragonès ha reclamado explicaciones al Ejecutivo, que se ha limitado a defender que no ha existido tal espionaje, aunque ha rehusado dar más detalles.

Bolaños viaja a Cataluña para tratar de sofocar la crisis

Para tratar de zanjar esta crisis, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha viajado este domingo a Barcelona para reunirse con su homóloga en el Ejecutivo catalán, Laura Vilagrá.

Aragonès insiste en que debe realizarse una investigación interna e independiente para depurar responsabilidades, al tiempo que ha urgido al Ejecutivo a dar explicaciones "antes de una semana".

En el marco de este encuentro, TVE ha adelantado que el Defensor del Pueblo investigará el espionaje con Pegasus. La institución que preside Ángel Gabilondo está analizando las informaciones sobre el posible uso inadecuado de este software para abrir una actuación de oficio a fin de contribuir al buen funcionamiento institucional y velar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.