El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, concebida como una hoja de ruta ambiciosa y posibilista para que el Estado español, a través de sus administraciones y poderes públicos, contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que su objetivo es apoyar a los "más de cuatro millones de españoles que sufren discapacidad, acompañarles y derribar barreras arquitectónicas, sociales, laborales y normativas; queremos acabar con estos obstáculos y construirlos en escaleras de ascenso en derechos, en inclusión y en igualdad".
Novedades de la estrategia de discapacidad
Rodríguez ha subrayado que la estrategia afronta la desigualdad en el ámbito de la discapacidad, es decir, trae la perspectiva de género a las personas con discapacidad. Así se salda "una de las demandas históricas del colectivo para atender a las mujeres y a las niñas con discapacidad en situaciones de desigualdad que han sufrido en el pasado".
También ha indicado que la iniciativa da respuesta a otros desafíos transversales, recogidos en la Agenda 2030, como la emergencia climática y el reto demográfico.
La estrategia tiene repercusión en el ámbito rural, de los pequeños municipios y del campo, donde también residen personas con discapacidad, a las que hay que escuchar, acompañar y atender.
La portavoz ha señalado que la medida cuenta con la financiación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Ejecutivo está destinando a ámbitos como el de los servicios públicos, la accesibilidad, la vivienda, la educación y la cultura, y que redundarán en la generación de oportunidades y en yacimientos de nuevos empleos para el colectivo de personas con discapacidad.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha afirmado que los objetivos de la Estrategia “coinciden con las preocupaciones fundamentales de la sociedad civil de la discapacidad pues se dirige a proteger y ampliar derechos tal como nos mandata la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Belarra ha explicado que en este documento “reside el sentir de las propias personas con discapacidad y sus familias, y estas necesidades legítimas las hemos asumido como políticas públicas”. Según la ministra, la aprobación de la Estrategia “supone que contemos con un mapa certero y, sobre todo, un deseo compartido para hacer de la inclusión una cuestión de Estado”.
Para la consecución de la Estrategia se han establecido siete retos estratégicos con objetivos concretos que contarán, a su vez, con planes operativos en materias como la accesibilidad, la cultura, la educación, la salud y las mujeres y niñas con discapacidad. De igual forma, en el seno Consejo Nacional de la Discapacidad se elaborarán planes adyacentes en cuestiones clave como la educación, las cultura, la salud, las mujeres o la accesibilidad universal.
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