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Objetivo, la Corona

lunes 23 de mayo de 2022, 08:41h

Diga lo que diga, haga lo que haga Juan Carlos I, el Rey Emérito estará siempre bajo sospecha para este gobierno y los socios que lo sustentan. Pero no se confundan, sus disparos no apuntan hacia el emérito sino más arriba, hacia su hijo y actual monarca, Felipe VI. Es la monarquía y no sus titulares actuales o pasados la que de verdad les interesa. Y eso que, según el mismo CIS, la monarquía no preocupa en absoluto a los españoles. Da igual, el gobierno Sánchez permanecerá siempre inasequible al desaliento para hacer cambiar esa óptica ciudadana, tolerante y hasta comprensiva con las debilidades reales siempre que estas no sobrepasen la ley por el forro de sus caprichos.

El actual orden constitucional define a la monarquía parlamentaria como su «forma de Estado». Por supuesto que es absolutamente legítimo intentar modificar la Carta Magna desde el Congreso y el Senado en ese y en cualquier otro extremo de la misma. Pero, eso sí, siguiendo siempre las fórmulas y mayorías marcadas en ella para cada cuestión. Cualquier otro atajo que quiera tomarse, desde dentro o desde fuera del gobierno, no es otra cosa que una aplicación torticera de la ley y eso sería ya -mas claro agua-, transgredir las normas democráticas para adentrarse en el campo de la más obscena y degradante dictadura.

Uno de los ministros del gobierno, otra vez el ínclito Alberto Garzón, ha dado un paso al frente para llamar a Juan Carlos I, jefe del estado durante cuatro décadas, nada más y nada menos que “delincuente acreditado", es decir, ladrón. Lo dice sin que el Emérito haya sido condenado hasta el momento (también al rey hay que otorgarle la presunción de inocencia, como a cualquier otro ciudadano español), por tribunal alguno y eso, en boca de un ministro del gobierno no puede quedarse así, sin consecuencia alguna. Lo quiera o no, le guste o no, también Garzón es un ministro de la monarquía y, si se siente incómodo y hasta violento siéndolo, que se vaya, que dimita de una vez.

Y, más aún, si don Juan Carlos no tiene abierta causa penal alguna en España, ¿por qué no puede venir a su casa veintidós meses después de que el gobierno presionase a la Zarzuela para que abandonase su propio país? A juzgar por las reacciones de la población en Sanxenxo y Pontevedra, su presencia no parece despertar ningún rechazo entre nosotros. El gobierno, sin embargo, no se siente nada cómodo con su viaje de cuatro días a España, y menos aún de su paso por la Zarzuela. Sus correrías personales son un lastre familiar que no gustan ni a su hijo Felipe, ni a Doña Sofía -por lo menos-, pero esas son cuestiones de familia que, como todas, tiene también sus trapos sucios que preservar. Dejemos que sean ellos quienes solucionen sus propias diferencias. Pero eso de constituirse en salvaguardas de una moralidad pública que solo se aplica a los demás (véase si no la niñera más que generosamente pagada con fondos públicos de la ministra de Igualdad, Irene Montero; los oscuros y nada transparentes viajes privados del presidente del gobierno en el Falcon oficial; los negocios del marido de Nadia Calviño, vicepresidenta 1ª, o los ataques frontales al turismo y a la industria ganadera, pasando por las cervezas y el jamón en la feria de abril de Sevilla del ministro Garzón (el que pretende abolir el vino y la carne de nuestra dieta, por ejemplo), son solo recursos más puestos al servicio del ocultamiento y la tergiversación de los verdaderos problemas del país y sus ciudadanos a los que debe dar cumplida respuesta este y cualquier gobierno digno de tal nombre: inflación insoportable; precios de la energía incontenibles; asalto al CNI; cesión tras cesión a los independentistas catalanes y vascos que sostienen al gobierno; incremento escandaloso de la deuda pública; edulcoramiento constante de las oscuras previsiones del Banco de España, las autoridades europeas y los centros de estudios económicos más prestigiosos de nuestro país… Y esto por no hablar de los turbios experimentos de ingeniería social en los que mete a la población un gobierno que plantea problemas en la dirección contraria a los que señala la lógica y el sentido común: atentados a la propiedad privada con el fomento de las ocupaciones de viviendas, ampliación del derecho a abortar a las chicas mayores de 16 años -a las que, de paso, no se les deja votar, comprar alcohol, conducir o acudir a una corrida de toros-, ley de eutanasia, y un largo etcétera.

Aún queda año y medio de legislatura y, no lo olvide, asistiremos a nuevas vueltas de tuerca para que, de una u otra forma y aunque el ciudadano común se sienta más que cómodo con la Constitución de 1978 que consagra a la monarquía como forma de estado, se intenten abrir nuevas vías para saltarse la Carta Magna y aproximarse por lo civil o lo militar a esa Arcadia que, al parecer, será la III República. Y eso que la gran mayoría de los españoles, seguro que se están diciendo aquello de “¡Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy!”.

José-Miguel Vila

Columnista y crítico teatral

Periodista desde hace más de 4 décadas, ensayista y crítico de Artes Escénicas, José-Miguel Vila ha trabajado en todas las áreas de la comunicación (prensa, agencias, radio, TV y direcciones de comunicación). Es autor de Con otra mirada (2003), Mujeres del mundo (2005), Prostitución: Vidas quebradas (2008), Dios, ahora (2010), Modas infames (2013), Ucrania frente a Putin (2015), Teatro a ciegas (2017), Cuarenta años de cultura en la España democrática 1977/2017 (2017), Del Rey abajo, cualquiera (2018), En primera fila (2020), Antología de soledades (2022), Putin contra Ucrania y Occidente (2022), Sanchismo, mentiras e ingeniería social (2022), y Territorios escénicos (2023)

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