El Supremo imputa a Alberto Casero por contratos irregulares durante su etapa como alcalde de Trujillo

Finalmente el Tribunal Supremo ha imputado al diputado popular, Alberto Casero, por unos contratos irregulares durante su etapa como alcalde de Trujillo entre 2017 y 2018. El pasado mes de marzo el Alto Tribunal acordó abrirle una causa para la investigación de estos contratos que, presuntamente, se establecieron de manera irregular.

El magistrado le ha citado a declarar el próximo 20 de junio y el ex alcalde del PP se enfrenta a un posible delito de prevaricación administrativa. La citación es voluntaria y si el diputado se niega, el Supremo deberá solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados. Los contratos presuntamente irregulares son 5 en los que la Fiscalía sostiene que el regidor en aquella época se saltó todos los cauces legales.

Los contratos que la Fiscalía considera ilícitos

En el escrito que el Ministerio Público envió al Supremo se recoge que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.

Y en septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

También en 2017, el aforado habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. Además en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

Sin los procedimientos necesarios

El texto señala también que en 2018 contrató a la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado; y que el 30 de diciembre del mismo año suscribió con Radio Interior SL un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.

En ninguno de estos contratos, matiza la Fiscalía, se siguieron los procedimientos necesarios para su aprobación.