El Govern envía instrucciones a los centros educativos para aplicar el decreto que esquiva el 25% de castellano

El Govern de Pere Aragonès aprobó este lunes el decreto ley que pretende sortear la sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en castellano en la escuela. La Consejería de Educación ha enviado a todos los centros educativos las instrucciones para aplicar el decreto, entre las que se encuetra un cuestionario que permitirá validar o rechazar su proyecto lingüístico.

El Govern ha enviado por correo electrónico a los centros educativos las instrucciones para aplicar el decreto que blinda el catalán en la enseñanza, y esquiva el mínimo del 25% de castellano fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La consejería de Educación ha comunicado a los centros públicos y a los centros privados sostenidos con fondos públicos que la dirección debe verificar su proyecto lingüístico antes del 30 de junio, con el asesoramiento de la inspección educativa y de los equipos de lengua y cohesión social.

Para ello, los centros deberán responder a un cuestionario de 7 preguntas binarias –se deben responder sólo con un sí o un no–, que permitirá validar o invalidar el proyecto lingüístico del centro. La respuesta afirmativa a todas las preguntas comportará que el proyecto se ajusta a la normativa, es decir, al Decreto ley aprobado ayer por el Govern.

La respuesta negativa a alguna de las preguntas supondrá que no se ajusta a norma y que será necesario modificar el proyecto lingüístico. Una vez adaptado de nuevo, se procederá a la aprobación de la modificación por parte del consejo escolar -en los centros públicos- o por parte de la titularidad del centro en caso de los concertados, escuchando previamente el consejo escolar.

Estas actuaciones "deben llevarse a cabo en el plazo más breve posible" durante el curso 2022-2023, con carácter general durante los seis primeros meses.

El Departamento de Educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida. Las instrucciones determinan que el proyecto debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa que deben velar por su cumplimiento. Los docentes y el personal de atención educativa no pueden optar por un uso de la lengua distinta al previsto en cada proyecto lingüístico. La inspección realizará seguimiento de la aplicación del proyecto de cada centro durante sus visitas ordinarias o dentro de un plan de actuación específico.