La abolición de la prostitución: una posible cuestión de Estado

La abolición de la prostitución es una de las mayores apuestas en materia social del Gobierno de España. Desde que se reinstauró la democracia, la Cámara Baja nunca había iniciado un trámite legislativo en este sentido y esto ha provocado turbulencias en el seno del feminismo, entre los socios del Ejecutivo central, entre las organizaciones que trabajan con el colectivo y entre las que lo representan. Existen dos grandes corrientes de pensamiento: los que abogan por la regularización de las “trabajadoras del sexo” y los que entienden la prostitución como una forma de explotación de la mujer, donde el cuerpo es un “objeto de consumo”, que debe ser eliminada. La segunda opción es la que cuenta con más apoyo político gracias al Partido Popular, sin embargo, el debate es complejo y genera posturas irreconciliables.

“Esto es un buen comienzo”, asegura Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Esta organización lleva más de 40 años en funcionamiento y es la principal entidad del país que se dedica a atender, rescatar y acompañar a las mujeres víctimas de la explotación sexual. El trabajo de este colectivo implica diferentes ámbitos: la atención social en forma de centros de acogida, la formación para el empleo y el trabajo de campo.

Para Mora, “se está intentando confundir” a la sociedad con ciertos elementos surgidos en el debate sobre la abolición o la regularización. “El legislador no actúa para un cinco por ciento o un diez por ciento, actúa para la mayoría”, explica, a la vez que critica que se establezca una dicotomía entre las mujeres que “ejercen libremente la prostitución” y las explotadas sexualmente. “Nosotras en APRAMP estamos para aquellas mujeres que no pueden hablar”, asegura en referencia a que la enorme mayoría de las prostituidas lo hacen bajo algún tipo de coacción. Según la responsable de APRAMP, la futura norma “no va en contra de la mujer que ejerce libremente” porque seguirá en la misma situación si así lo deseara, sin embargo, defiende que “lo que no se puede permitir es que esto (España) sea un sitio fácil para las mafias y los proxenetas”.

APRAMP atiende a casi 5.000 mujeres al año a nivel nacional a través de intervenciones propias y colectivas en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el contexto de este debate, explica Morán que “sería mucho más fácil decir” que las mujeres con las que se encuentran “son libres”, pero que esa “no es la realidad”. Señala que “la laguna” que existe aún hoy en cuanto al concepto de proxenetismo no coactivo está “viciado” ya que en una mayoría de casos el consentimiento se produce bajo una coacción. “El objeto de la futura Ley es perseguir todas y cada una de las formas de proxenetismo”, añade la responsable de APRAMP. Aquí, recuerda las múltiples situaciones de vulnerabilidad que sufren una mayoría de mujeres prostituidas en forma de chantajes sobre la seguridad de sus familiares o la pura intimidación mediante la violencia física y sexual.

Los argumentos regulacionistas

“Nosotros no defendemos la prostitución sino los derechos de las trabajadoras del sexo”, explica Nacho Pardo, coordinador del Comité de Apoyo de las Trabajadoras del Sexo. La asociación CATS lleva unos 20 años defendiendo que la prostitución debería estar amparada por la ley y reconocida en la seguridad social. Para ellos, la aplicación de la Proposición de Ley Orgánica que podría ver la luz antes de que acabe este año relegaría a una mayor maginalidad a las mujeres que ejercen la prostitución. “Las consecuencias van a ser desastrosas. De la noche al día muchas mujeres se podrían ver en la calle”, asegura Pardo, en relación al cierre de los clubes y de los pisos donde se ejerce la prostitución que implica la futura norma.

“La Ley pretende ampliar la definición de proxenetismo y establecer que cualquier persona que pueda beneficiarse del trabajo de una persona que ejerce la prostitución supone una situación de proxenetismo no coactivo”, critica este coordinador. Así, advierte de que según esta nueva definición “los primeros proxenetas no coactivos serían los familiares de la mujer”, ya que se beneficiarían del dinero obtenido por ella, según sus palabras. Para Pardo, es necesario diferenciar la trata con fines de explotación sexual de la explotación sexual en sí misma. En el primer caso, supone un delito execrable a erradicar; en el segundo, su definición le parece “ambigua”. Aquí, señala este coordinador que “la realidad en el mundo de la prostitución es la explotación laboral”.

De esta forma, para CATS se engloba dentro del concepto de explotación sexual a las mujeres que ejercen la prostitución “libremente” junto a las “verdaderamente explotadas” o a las víctimas de trata, algo que, para esta asociación, no se ajusta a la realidad. “Hay explotación laboral porque las personas no tienen reconocida su actividad como una actividad laboral y no están bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores”, explica Pardo, que califica de “perversa” esta Proposición de Ley Orgánica por las posibles consecuencias.

Otro de los elementos en el que incide este coordinador es la presunta falta de rigor de los datos esgrimidos por partidos políticos u otras asociaciones. En 2020 la Policía Nacional lanzó una campaña en contra de la trata en la que difundieron que más del 80 por ciento de las mujeres explotadas sexualmente están o han estado en situación de trata. Según CATS, ese porcentaje no es real y defienden que no hay estudios con el suficiente rigor para establecer esa cifra. “Llevamos 20 años trabajando y hemos contactado con alrededor de 12.000 personas. Casos de trata hemos tenido menos de 50”, asegura Pardo.

El espíritu de la Ley

La Proposición de Ley Orgánica que se ha admitido a trámite con los votos de PSOE, parte de Unidas Podemos y PP establece tres cambios: prohibir el proxenetismo no coactivo, prohibir la tercería locativa y multar a los demandantes de sexo por dinero. En concreto, se quiere modificar el artículo 187 del Código Penal para fijar que cualquier tipo de explotación sexual es proxenetismo, sin importar si es coactivo o no coactivo. La diferencia entre estos dos conceptos radica en la existencia de violencia, intimidación o engaño. En la actualidad, el coactivo (violencia o intimidación mediante) ya está penado. Así, lo que establecería esta reforma es la persecución del no coactivo y la aplicación de penas de prisión de dos a cuatro años y multas de doce a veinticuatro meses “a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma”, según el texto de la Proposición.

En cuanto a la tercería locativa, supone penalizar a los propietarios de pisos o locales en donde se ejerciera la prostitución, con penas de cárcel de dos a cuatro años, incluyendo multas para todos aquellos que saquen rédito del trabajo sexual. La tercera gran medida incluida en la Proposición de Ley Orgánica es la penalización de los puteros en forma de multas, en pos de desincentivar la demanda de la prostitución. Con estos tres elementos, la pretensión del Gobierno central es dotar de nuevas herramientas jurídicas a la Administración del Estado para avanzar en la eliminación de la explotación sexual en España, uno de los negocios más lucrativos.

Además, junto a la aplicación de esta norma se va estructurar una serie de programas sociales para atender a las mujeres prostituidas y a las víctimas de explotación sexual que necesiten de algún programa de inserción sociolaboral. Sin embargo, aún el Ejecutivo central está trabajando en la confección y definición de todos estos programas y mecanismos, ya que todavía quedan meses para que la Ley vea la luz.

El rigor de los datos

Establecer una cifra sobre el número de mujeres prostituidas en España es una tarea difícil, por ello, es necesario hablar de estimaciones en base a los diferentes estudios y estadísticas realizadas por las Administraciones públicas. La realidad es que no existe un censo oficial sobre las personas que se dedican a la prostitución, por lo que también es una tarea ardua saber con exactitud cuantas mujeres se encuentran en situación de trata. En 2012, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen organizado (CITCO), dependeinte del Ministerio del Interior, estimaba que había aproximadamente 45.000 personas ejerciendo la prostitución. Aún así, estos datos no representan la realidad total, que otros estudios la cifran en 100.000 mujeres prostituidas, ya que hay un importante sector que permanece oculto en internet y en pisos, en donde la Policía no puede inspeccionar si no tiene una orden judicial y donde se concentra en este momento el grueso de la prostitución.

En cuanto al número de mujeres en situación de trata, tampoco existe un censo fidedigno y real ya que esta realidad se mantiene oculta excepto cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abordan una intervención o cuando una víctima logra salir por sí misma de ese régimen de explotación. Uno de los estudios más recientes que analiza la trata y la prostitución es el de Carmen Meneses-Falcón y Santiago Urío, publicado en julio de 2021 en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas.

En dicho estudio, estiman que el número de mujeres en situación de trata se sitúa entre el 10 y el 30 por ciento, aunque reconocen que “se desconoce la población femenina que está siendo víctima de trata con fines de explotación sexual”. De hecho, la propia Policía Nacional lanzó una campaña en septiembre de 2020 en la que aseguraban que “más del 80 por ciento de las mujeres prostituidas están o han estado en situación de trata”. Por tanto, es muy complicado hablar de datos exactos, siendo la única certeza la enorme dificultad que implica tratar de fiscalizar el mundo de la prostitución y de la explotación sexual, por sus propias características.

Consenso político mayoritario

La intención del Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos (a excepción de los comunes catalanes) es aprobar esta Proposición de Ley Orgánica antes de que acabe la legislatura. La aritmética en el Congreso de los diputados está garantizada para sacar adelante la norma está garantizada, por ahora, gracias al apoyo del Partido Popular. Así, esta norma se podría llegar a convertir en una cuestión de Estado.

En Madrid, el consenso político en torno a esta cuestión se replica. Por parte del PSOE madrileño, la diputada en la Asamblea Silvia Monterrubio insiste en hablar de “mujer prostituida” y no en “trabajadora del sexo”. “Yo no creo que ninguna niña cuando nazca quiera ser prostituida ni una familia en la que tengan hijas quieran que cuando sean mayores ejerzan la prostitución. No creo que sea comparable a cualquier profesión o cualquier otro trabajo”, asegura

En cuanto al apoyo del primer partido de la oposición, Monterrubio celebra que el PP quiera abolir la prostitución porque “hay cosas que están por encima de las cuestiones ideológicas. No tiene nada de malo llegar a acuerdos con la oposición, me parece perfecto”, concluye.

Esther Platero es diputada y portavoz del Partido Popular en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid y rechaza que se denomine a las mujeres prostituidas como trabajadoras sexuales. “Los datos de la Policía Nacional dicen que el 90% de mujeres en la prostitución son víctimas de trata, por tanto No puede ser trabajadoras porque no deciden ellas en el trabajo”, asegura. En cuanto al apoyo de su partido a la admisión a trámite de la Proposición, Platero entiende que “es bueno para la mujer” y que hay cuestiones que requieren “un consenso de la mayoría parlamentaria”. En cualquier caso, deja claro que todavía queda trámite parlamentario, en el que se debatirán enmiendas que todavía no están acordadas.

Por parte de Unidas Podemos, la coportavoz nacional y portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ni el término “mujer prostituida”, ni “trabajadora del sexo” es idóneo. Según el criterio de su partido, lo adecuado es hablar de “mujeres en contexto de prostitución”. Sobre la Proposición de Ley, existe otro elemento con el que no están del todo de acuerdo, el referido a las multas a los puteros o demandantes de sexo por dinero. En este punto señala un informe realizado por el Consejo de Europa en 2018 (GRETA) en el que se establece que estas sanciones pueden tener impacto negativo en la víctima en cuanto a su identificación.

Sobre las medidas sociales que acompañará esta Ley y que saldrán, previsiblemente, del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, la coportavoz asegura que están trabajando “en ese plan de inserción sociolaboral” ya que supone un elemento clave en el éxito de la norma.