Volvemos sobre el tema y, con esta, ya van tres columnas de opinión abundando en el mismo aspecto del ya preocupante devenir político nacional, el deterioro democrático que se está produciendo en España al ir eliminando contrapesos, contrapoderes que, cada uno desde su ámbito respectivo, fiscalicen la acción del gobierno y den a los ciudadanos una visión profesional y lo más objetiva posible de la realidad que está atravesando el país.
Este me parece hoy el asunto más delicado de cuantos nos ocupan ahora en España. Y fíjese que no nos faltan: la inquietante situación mundial a que nos ha abocado Vladimir Putin y que la asamblea de la OTAN que estos días se ha celebrado en Madrid -ya volveremos sobre ella, pero, por el momento y sin que sirva de precedente, le damos un notable alto al gobierno Sánchez-, ha puesto en guardia a todo Occidente sobre el gravísimo momento que atravesamos. Pero a esto hay que añadirle otras durísimas realidades patrias. Véase, por ejemplo, el estancamiento del crecimiento económico -el PIB del primer trimestre, se ha quedado en el 0,2 %-, o la inflación, que ya ha escalado el 10,2 % interanual. Eso significa que, más temprano que tarde, los recortes van a llegarnos inevitablemente, quizás a partir del otoño, y todos vamos a pasarlo aún peor.
Con todo, este paulatino e implacable retroceso en la transparencia e independencia de un rosario de organismos e instituciones democráticas clave en el devenir de la cosa pública es más que preocupante. Los miles y miles de venezolanos que han tenido que salir huyendo por pies de su país como consecuencia de las arbitrariedades de los gobiernos de Chaves y de Maduro que con tan buenos ojos es mirado por una parte del gobierno y tan efusivamente defendido por el expresidente Zapatero, puede darnos una buena pauta de dónde podríamos desembocar si no se para, desde ya mismo, esta deriva cada vez más abiertamente antidemocrática del gobierno Sánchez, ejecutada desde hace más de dos años de forma absolutamente arbitraria y descarada.
Conviene volver a recordar que la mano del ejecutivo ha entrado y sigue entrando de lleno, de frente y sin ambages de ningún tipo, en instituciones como la Fiscalía General del Estado (“¿…de quién depende la Fiscalía, ¡eh!, de quién depende?”, preguntaba Sánchez a un periodista de RNE cuando este lo entrevistaba sobre el nombramiento de la exministra Delgado al frente del organismo en la radio pública), el CIS, el CNI, RTVE, Correos, la Abogacía del Estado, INDRA, el INE, el CSIC, el aparato de la Justicia (el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional…), entre otras instituciones que, incluso y en la época del confinamiento, llegaron a afectar hasta a la actividad del Congreso y del Senado. Intentar hacer creer a la opinión pública que todos estos pasos dirigidos a controlar todos los institutos y organismos citados es una deriva inocente y angelical es tener en muy mal concepto la inteligencia del ciudadano español.
No es descabellado afirmar que todo parece dirigido a manipular, a maquillar o a esconder una realidad social, política y económica española que cada vez está más deteriorada y que, únicamente, esa adulteración de datos y de análisis podría intentar edulcorar una realidad que, pese a quien pese, a cualquiera nos va a resultar muy difícil aceptar. Los hechos, las cifras, la experiencia propia y ajena están ahí, golpeándonos cada día como para que lleguemos a aceptar en algún momento que “el rey está desnudo”, como nos enseñaba la fábula clásica.
No son los intereses y necesidades de un gobierno, de un partido, o de una parte de la sociedad española los principios que deben de regir la acción de un ejecutivo democráticamente constituido sino el de velar por todos y cada uno de los ciudadanos. Y tanto afán por controlar y dirigir la acción de empresas, estamentos e instituciones hasta ahora independientes, no pueden tener otro objetivo que el de tratar de que todos ellos acallen sus estudios, sus cifras o sus análisis si están en contra de la imagen que el gobierno quiere proyectar a la opinión pública en cada momento.
A todo eso se llama intentar anular los contrapoderes, absolutamente necesarios para que la acción del gobierno siga estando sometida a los datos objetivos y no al capricho de un ejecutivo que parece estar más preocupado por su permanencia que por abordar los verdaderos problemas ciudadanos, cada vez más dolorosos, complejos y adversos en todos los sentidos.
Si (
No(
