La Ley de Memoria Democrática, aprobada ante las duras críticas de la derecha y la defensa a ultranza de la izquierda

El Pleno del Congreso aprobaba ayer jueves, con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, el Proyecto de Ley de Memoria Democrática y lo remite ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. Se trata de una remodelación más profunda de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La iniciativa está estructurada en torno al "protagonismo y reparación integral de las víctimas de la Guerra y la Dictadura". Otro de los objetos de la ley es "el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva".

El texto declara como "ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar". En este sentido, se declara la "ilegalidad e ilegitimidad" de los órganos penales o administrativos constituidos "a partir del Golpe de Estado de 1936". Además, la iniciativa reconoce y declara "el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura".

Críticas de la derecha

Los partidos de la derecha, representados por PP, Vox, Ciudadanos o UPN, han criticado el texto por ser "sectario y excluyente" y apostaron por derogarlo en cuanto haya un relevo en el Gobierno.

La clave para su argumentación en contra ha sido en todo este tiempo la intervención de Bildu en la ley con propuestas propias. El grupo abertzale consiguió, a cambio de su apoyo, que se reconozcan como víctimas del franquismo a los que sufrieron torturas hasta 1983, por lo que estarían incluidos activistas que formaron parte o no del entorno de ETA.

A la derecha se le unió con un voto negativo los grupos catalanes de Junts y la CUP, mientras que ERC finalmente se ha abstenido, posición a la que se le ha unido el diputado gallego del BNG.

Reconocimiento a las víctimas

El texto reconoce además, a las víctimas de la guerra y la Dictadura, el "derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado". Se señala también que la administración "desarrollará medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción, orientadas al restablecimiento de los derechos de las víctimas en sus dimensiones individual y colectiva".

A través de este texto se regula también un registro de víctimas "del golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978". Por otro lado, el texto establece en su disposición adicional 16ª la designación de una comisión técnica para que "en el plazo de un año" elabore un estudio sobre los "supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia" entre la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, y el 31 de diciembre de 1983, de forma que se señalen "posibles vías de reconocimiento y reparación de las mismas".

Retirada de condecoraciones y disolución de asociaciones

En la sección segunda, sobre distinciones, condecoraciones y títulos, el texto recoge que las administraciones públicas "adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones" que sean "incompatibles" con los valores democráticos o que exalten o enaltezcan la "sublevación militar, la Guerra o la Dictadura".

En este sentido, el artículo 41 del texto suprime una serie de títulos nobiliarios y grandezas de España que fueron concedidos entre 1948 y 1978.

En la disposición adicional quinta, la iniciativa señala que se promoverá la modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación para incluir "como causa de disolución de asociaciones", la "realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo". La Fundación Nacional Francisco Franco podría ser ahora ilegalizada con esta ley.

Lugares de Memoria Democrática

La iniciativa considera como lugares de Memoria Democrática "aquel espacio o inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible" donde se han desarrollado "hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva".

Por otra parte, se modifica la denominación del "Valle de los Caídos" por "Valle de Cuelgamuros", lugar que se resignificará para "dar a conocer las circunstancias de su construcción" para "fortalecer los valores constitucionales y democráticos". Señala el texto también que en este lugar "solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a causa de la Guerra", y que se reubicará "cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto".

Además, el texto recoge en su Título IV un régimen sancionador, en el que se estipula como infracciones muy graves, entre otras, la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como la convocatoria de actos o campañas que "inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura", o de sus dirigentes.