Despotismo iletrado

El término despotismo, que la RAE define como el “conjunto de actitudes y prácticas de quien abusa de su superioridad o poder en el trato con los demás”, se ennobleció en buena parte durante el siglo XVIII a través de lo que dio en llamarse despotismo ilustrado, es decir, esa política de algunas monarquías absolutas de ese siglo, dirigida a fomentar la cultura y la prosperidad de sus súbditos.

El del gobierno Sánchez más parece un despotismo iletrado que ilustrado, al que falta tiempo para mostrar periódicamente su improvisación, su base en la ocurrencia de alguno de sus ministros , y en la pobre y vergonzosa materialización técnico-jurídica en esos reales decretos-ley a que el gobierno nos tiene ya acostumbrados desde que la dichosa pandemia le dio, primero la excusa formal, y luego las alas para gobernar a través de ellos, sin que la oposición arbitrase los mecanismos oportunos para que Sánchez abandonase esa práctica teóricamente excepcional.

Y es que, claro, recurrir a esos cientos de asesores amiguetes y fieles del partido –lo cual, ya lo vemos, no asegura su capacidad para redactar esos decretos–leyes-, para que la declaración de las políticas que teóricamente persiguen, sea precisamente un dechado de claridad y coherencia. Más bien, exactamente lo contrario, bodrios profusamente justificados en preámbulos farragosos , ideologizados y, en ciertos casos, aprovechados incluso para meterse con la oposición, para dar lugar después al anuncio de medidas impuestas sin consenso con los sectores y ciudadanos afectados y –por supuesto-, menos aún con la oposición que, así las cosas, cuando llegue a la Moncloa, va a tener que emplear sus dos o tres primeros meses de gobierno en derogar leyes y decretos–leyes que no son más que la materialización de un plan de ingeniería social en el que, por un lado, se ha empeñado el sanchismo, y en otros casos, los fuegos de artificio empleados también por este para desviar la atención sobre los problemas reales de la nación –véase por ejemplo, y en este último caso, la Ley de Memoria Democrática-.

Un ejemplo de normativa que podría inscribirse en el primer grupo es el generado en el departamento de la ministra Teresa Ribera, redactado de forma improvisada y sin ningún tipo de diálogo o de consenso con la oposición ni con las partes afectadas (entre otras, los sectores turísticos, del comercio, la restauración o la industria…). La crítica generalizada al texto ha obligado a la vicepresidenta tercera a tener que reunir ayer mismo y de urgencia a los consejeros de todas las comunidades autónomas, reculando así y escondiendo esa soberbia que baña cuantas medidas que, como esta, trata de imponer el gobierno de forma tan poco dialogada.

Igualdad

Pero la falta de conocimiento, casi el analfabetismo cultural y político, no se queda solo en la redacción de los decretos-leyes, sino que salta incluso a las campañas sectoriales a las que nos tienen acostumbrados sobre todo los departamentos de Consumo e Igualdad. Este último, por ejemplo, acaba de meter la pata hasta el fondo con su última ocurrencia, orientada a denunciar que la violencia estética existe en nuestras playas, y que, al parecer, sufren las mujeres gordas, con discapacidades físicas o sin depilar. Aun considerando que el mensaje de fondo de la campaña pueda estar lleno de razón, el cartel que el ministerio ha elegido para denunciar la situación, ha sido el más desafortunado de los posibles. Hasta las redes sociales –muchas veces aliadas de la Sra. Montero-, han desatado una oleada de críticas banalizando y ridiculizando el mensaje, sobre todo, porque niegan la existencia del problema que denuncia la campaña.

El cartel muestra a cinco mujeres disfrutando de un día de playa. Con estrías, sin depilar, con un solo pecho, con celulitis, gordas... Y bajo el lema “El verano también es nuestro”. Acertado o no el mensaje de fondo, el hecho es que la campaña se ha ido al garete porque ha manipulado imágenes de las modelos que aparecen en él y, además y, sobre todo, porque al menos dos de ellas han sido utilizadas sin la autorización expresa y previa correspondiente de las afectadas. Un error tan flagrante y garrafal que, ni siquiera un alumno de primero de Diseño y Publicidad habría incurrido en él. Aquí lo han cometido tanto la empresa de imagen subcontratada, como los asesores y las autoridades del Ministerio de Igualdad que, ni siquiera han sido capaces de exigir esa formalidad previa.

Uno se pregunta qué idea tiene la administración sanchista de los miles de funcionarios del estado, muchos de ellos técnicos, abogados, economistas, informáticos, diseñadores, etc. que ven cómo unos cuantos asesores o subcontratados por los distintos ministerios llevan a cabo labores para las que ellos están infinitamente más y mejor preparados que los advenedizos.

Los nuevos gobernantes no acaban de creerse que los funcionarios sirven con idéntica lealtad a administraciones de uno u otro signo porque su profesionalidad es lo que les va en ello. Hasta que no asimilen y acepten el error, seguiremos asistiendo a espectáculos públicos tan poco edificantes como estos. ¿País!, que dirían los sabios personajes de las viñetas de Forges.