La fiscalía de Argentina pide una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta del país, Cristina Fernández.
La acusa de supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue presidenta (2007-2015), acusación que sus seguidores consideran una persecución política.
El fiscal, Diego Luciani, la considera como la "jefa" de una trama de "corrupción sistemática" sobre licencias de obras públicas, causando un perjuicio millonario a las arcas públicas. Luciani lo considera "probablemente la mayor maniobra de corrupción que se ha conocido en el país".
Respuesta del Gobierno
La Presidencia del país, en un comunicado oficial, explicó que "el Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ha quedado expresada, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada 'causa Vialidad'".
Y denuncia que la "persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita y la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada" son "aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal" en el estado de derecho.
Por último, argumenta que "ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno".
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