Casi 2 meses después de haber encabezado una ofensiva total contra el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno central y de la amenza constante sobre un recurso ante el Tribunal Constitucional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fija para "la semana que viene" la presentación de dicho recurso.
Según ha anunciado en una rueda de prensa, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado de forma definitiva esta decisión, tras haber recibido el visto bueno de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
"Creemos que invade competencias exclusivas como puede ser el comercio, sin que haya problemas de suministro como dice el propio Gobierno. Excede la legislación básica en materia de comercio, de economía, de sanidad. Además, no pueden obligar a adelantar las inspecciones técnicas cuando esto no tiene carácter básico", ha asegurado la presidenta madrileña, a la vez que ha criticado que el Ejecutivo central no explicó a los ciudadanos cómo debían adaptarse a la nueva norma, a pesar de que la norma solo afecta a empresas e instituciones públicas.
El recursos estará organizado en 10 puntos
El recurso que llegará al registro del Tribunal Constitucional la próxima semana con remitente de la Real Casa de Correos está organizado en 10 puntos. Así, el Gabinete autonómico ha adoptado esta vía al entender que el Real Decreto-Ley vulnera e incurre en una invasión competencial que corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid gestionar, de conformidad con lo dispuesto en 6 artículos de su Estatuto de Autonomía. Asimismo, se considera que existe una vulneración de otros 2 artículos de la Constitución Española, en concreto el 23.2 y el 86.1 de la Constitución Española.
Igualmente, y desde el punto de vista sancionador, se cuestiona su aplicación desde el Ejecutivo madrileño, ya que no se especifica cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos.
Además, desde su punto de vista, el texto va en contra del Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, que establece que las actividades denominadas de trabajo ligero, como son las propias del comercio y la hostelería, no se pueden superar los 25 grados de temperatura. Se incumple así un decreto que regula la propia seguridad de los trabajadores, y que ha obligado al Ejecutivo central a rectificar sobre la marcha, ya que establecía temperaturas no inferiores a los 27 grados.
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