La "lista Russián"

Más allá de los razonamientos jurídicos, resulta claro que una decisión administrativa de la Contraloría General de la República no podría vulnerar el derecho constitucional de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. La llamada "lista Russián" que coloca en situación de inhabilitados a cerca de cuatrocientos venezolanos para optar a gobernaciones, alcaldías y consejos legislativos regionales, tiene un claro propósito político.

No es por casualidad que varios de los afectados ya se perfilan como seguros ganadores de estas posiciones como candidatos opuestos al proyecto chavista.

Enrique Mendoza, Leopoldo López y Oscar Pérez, entre otros, han expresado sus aspiraciones a contar con el favor popular y ya se empeñan en sus campañas electorales. Por supuesto, ellos tienen el derecho a recurrir al Tribunal Supremo de Justicia. Pero, hasta ahora, las acciones que algunos de los afectados han intentado ante esa instancia han tenido como respuesta el consabido gesto de Poncio Pilatos.

Y no podía esperarse una actitud distinta, cuando voceros de ese cuerpo han reiterado que "la justicia debe ser revolucionaria", lo cual supone que sus decisiones estarán sujetas a las orientaciones de la revolución bolivariana.

Por eso se explica la decisión de anular las elecciones en la Federación de Centros de la ULA que eligieron como presidente a Nixon Moreno, hoy convertido en "objetivo de guerra" para las bandas fanatizadas del oficialismo. No tendría por qué sorprender tampoco el mandato confiscatorio de los equipos de Radio Caracas Televisión después de que ese canal fuera cerrado por razones demasiado conocidas.

Como si ello no bastara, está la reciente anulación de las elecciones del Colegio de Abogados de Caracas y en la cual (para que no hubiera dudas de la magnitud del atropello) se designó a dedo una directiva integrada por profesionales del chavismo.

De la misma manera que el Ministerio Público se ha utilizado mediante la figura de los "imputados" para reprimir opositores, ahora el organismo contralor (curiosamente indolente ante la ola más escandalosa de corrupción que haya conocido la nación) presta sus servicios para neutralizar a adversarios políticos.

Todo perfectamente comprensible en el marco de un régimen que, para acometer sus objetivos estratégicos, requiere del control discrecional de los poderes públicos.

Manuel Felipe Sierra
[email protected]