El caso Guateque alcanza una nueva dimensión. El juez Santiago Torres ha decidido citar por primera vez a los máximos responsables del Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, así como a la jefa de Servicios de Licencias para que declaren en relación a varios expedientes que se investigan.
Según informa este miércoles el diario El Mundo, pasarán por el juzgado en calidad de testigos Manuel Tuero Secades, actual director general de Control de Calidad y Evaluación Ambiental del Ayuntamiento y Ramón Sánchez López, actual director de general de Obras y Vías Públicas del Ayuntamiento. Éste último fue también director general de Evaluación Ambiental y tenía a su cargo a varios de los principales acusados por el caso Guateque: Victoriano Ceballos, jefe de división de Impacto Ambiental, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Medioambiental.
Es la primera vez que pasarán a declarar ante el juez Torres los directores generales de la Concejalía de Medio Ambiente, servicio en el que se tramitaron la mayoría de los expedientes que se investigan en el caso. Se trata de locales, restaurantes y discotecas que consiguieron permisos de Medio Ambiente en un tiempo récord.
Estas citas de los altos cargos se producen después de las declaraciones realizadas por varios imputados ya en la causa. Victoriano Ceballos ya aseguró en su día que los expedientes de licencia que tramitaba el Ayuntamiento “solo se adelantaban por orden de los superiores”, aludiendo al “director general y al gerente”. Acompañará a ambos altos cargos Myriam Peón González, jefa del servicio de licencias del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
También el próximo miércoles 9 de abril el juez Santiago Torres ha citado como imputado al empresario Mariano Jordán Pérez y al arquitecto José Antonio Menéndez Morán Reverte. Ambos implicados, están relacionados con Victoriano Ceballos, jefe de División de Medio Ambiente y uno de los relacionados con la trama. Se investiga si ambos imputados entregaron dinero o regalos a Ceballos.
Pese al carpetazo de la comisión municipal de investigación, el instructor de las diligencias judiciales sigue adelante con la causa, en la que se investiga a medio centenar de personas, entre funcionarios, empresarios que actuaban de intermediarios entre los clientes y los empleados municipales, y los dueños de los establecimientos que obran en la cusa como sospechosos.
Continúa el análisis de la documentación
Mientras que la Guardia Civil continúa analizando el contenido de la abundante documentación requisada en los últimos meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 está a la espera de conocer el contenido de la auditoria que encargó realizar a la empresa Tragsa sobre la tramitación de los casi 200 expedientes de licencias que están bajo la lupa de la investigación. Los resultados de este informe pericial serán decisivos para que Torres resuelva a favor o en contra el recurso interpuesto por los socialistas madrileños contra la denegación de imputar a catorce cargos del Consistorio por su supuesta vinculación a la trama ilegal, en contra del criterio del fiscal César Estirado, según Europa Press.
En primer término, el juez rechaza la petición del PSOE por “irrelevante” e “improcedente”, si bien no descartó la posibilidad de imputar alguno de los tres concejales, siete gerentes de Juntas municipales y cuatro funcionarios apuntados por los socialistas, supeditándolo a las conclusiones de la auditoria. Pese a ello, el diario El Mundo afirma que el juez se muestra en estos momentos contrario a implicarles de manera directa en el procedimiento, puesto que, según un auto que dictó al respecto, “lo cierto es que no existen indicios mínimamente serios que permitan dirigir una imputación contra las personas interesadas”.
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