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Ante la decisión de Aguirre de conventir el penal en un hospital

Patrimonio del Estado analizará "todas" las peticiones sobre la cárcel de Carabanchel, pero Interior tendrá prioridad

domingo 14 de enero de 2007, 20:39h
La Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía, analizará "todas" las peticiones sobre la antigua cárcel de Carabanchel, pero tendrá prioridad Interior, que hasta ahora era responsable del terreno a través de Instituciones Penitenciarias.
Según informaron fuentes de Patrimonio tras conocer las intenciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de convertir el penal en hospital, "se estudiarán todas las peticiones", pero por el momento no se ha presentado ninguna solicitud.  Patrimonio se muestra por el momento dispuesto a "conjugar los intereses de unos y otros", siempre teniendo en cuenta que Interior "tendrá mucho que decir".

   Asimismo, fuentes de Instituciones Penitenciarias apuntaron que en estos momentos se está tramitando por vía administrativa la "desafección para uso penitenciario" de la cárcel, con el objetivo de devolver al Estado esta propiedad de 173.000 metros cuadrados, valorada en unos 3.500 millones de euros.

   El importante valor de los terrenos será por tanto un escollo en los objetivos del Gobierno regional, puesto que el Ministerio del Interior debería primero cederlos voluntariamente. Además, el Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con las competencias de Urbanismo, también tendrá su palabra, puesto que en 2003, bajo el mandato de José María Alvarez del Manzano, el Consistorio cerró un acuerdo con Interior para dedicar el 75 por ciento del solar a usos dotacionales y el 25 por ciento a viviendas.

   Sea cual fuere el fin del solar, Patrimonio del Estado deberá regular la concesión y, según el acuerdo alcanzado con la administración adjudicataria, podría incluso proceder a la demolición de las ruinas del penal y preparación del terreno.  

   El diputado regional y senador Eduardo Cuenca, que ha pedido en varias ocasiones que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca sobre este asunto, considera que el PSOE "ha ido girando su posición" desde que accedió al Gobierno central, en 2004, para rebajar el porcentaje de viviendas protegidas de la operación, que, a su juicio, no debería descender del 50 por ciento (lo que supondría unas 650 casas). Cuenca advirtió del "riesgo" de que los terrenos de la cárcel sean objeto de la especulación urbanística, al constituir "una auténtica milla de oro situada junto a la Operación Campamento que no existe en otro punto de estos dos distritos".

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