UGT no tomará ningun medida en contra de los representantes que este sindicato tiene en la Administración de Justicia de la región que apoyen el referédum convocado hoy, lunes, por CSI-CSIF para valorar el acuerdo alcanzado el domingo con el ministros y los representantes de UGT y CC.OO. a nivel nacional.
Así lo anunció la secretaria de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Castilla-la mancha, Carmen Campoy, con el ministro de Justicia por parte de los responsables de las federaciones nacionales de Servicios Públicos de UGT y CC.OO, Julio Lacuerda y Miguel Vicente Segarra, y no por los responsables sindicales del sector de Justicia.
UGT no tiene pensado ninguna medida ni coacción en contra de los representantes sindicales ugetistas que apoyen hoy el referéndum porque "UGT es un sindicato democrático y si los compañeros de Justicia consideran de forma individual que tienen que participar en el referéndum lo harán, así de claro".
Sobre la "dimisión irrevocable" anunciada por el responsable de Justicia de UGT en Castilla-la Mancha, Vicente Pozuelo, por no haberse contado con ellos en el acuerdo, la secretaria regional de Servicios Públicos dijo que tratarán el asunto de forma interna en la federación y rehusó dar más explicaciones.
"Ha sido una decisión muy difícil que se toma por parte de la ejecutiva federal que ha costado mucho esfuerzo y sacrificio y en la que se han sopesado las distintas circunstancias", dijo Campoy, quien reconoció que es "muy difícil expresar el sentimiento del cmpañero que está en el centro de trabajo".
Pero "en ningún momento UGT ha dejado las reivinidicaciones de los trabajadores de Justicia. Muy al contrario, y muy a su pesar, ha tenido que hacer un sacrificio enorme entendiendo que su postura no iba a ser bien entendida por los trabajadores y ha decidio que era más importante sacar adelante esas reivindicaciones que el coste que pudiera tener para el sindicato", declaró.
Respecto al acuerdo, Campoy dijo que gracias a la postura de UGT el conflicto se ha desbloqueado y se ha alcanzado un buen acuerdo, aunque reconoció que en tres meses será difícil ponerse al día después de dos meses de huelga. No obstante, indico que el ministro Bermejo "no ha sido hábil", ni ha medido lo suficiente la fuerza de los trabajadores ante una reivindicación justa.
Tampoco entendió el ministro que a la mesa de negociació hay que llevar a personas con poder de decisión, pues, de lo contrario, "no llegas nunca a un acuerdo", dijo.
El acuerdo incluye un incremento de 190 euros mensuales, que se distribuirán de forma progresiva en un pago de 80 euros a enero de 2008, otros 80 que comenzarán a percibir en julio de 2008 y una paga de recuperación de las cantidades que los funcionarios dejan de percibir entre enero y julio de este año, de 480 euros.
Este montante de 160 eruos se completaría con otros 30 eruos a partir de julio de 2009, con lo que se alcanza una subida de 190, mientras que los sindicatos pedían 200 euros para este año. Asímismo se fijó un plan para recuperar el trabajo atrasado de tres meses prorrogables y en función del atasco de cada juzgado que se hará de forma voluntaria con cargo al complemento de productividad.
Otra dimisión
El presidente de la Junta de Personal de Justicia de la provincia de Ciudad Real, Manuel Román, anunció hoy que dimitirá de este puesto en los próximos días, tras, previamente, darse de baja como militante de UGT.
Román confirmó ambas decisiones un día después de que el Ministerio de Justicia y las direcciones federales de Administraciones Públicas de UGT y CC.OO. alcanzaran un acuerdo para poner fin a la huelga de dos meses que venían manteniendo los funcionarios de las comunidades donde no están transferidas estas competencias.
Román aseguró que no está en desacuerdo con lo pactado, una subida salarial de 190 euros al mes y un plan de actuación para mejorar la situación de los juzgados, pero dijo que los trabajadores que han llevado el peso de la protesta se sienten "ninguneados" por la actuación de la cúpula de los sindicatos.
Por otro lado, al abandonar UGT, según explicó Román, sería muy difícil llevar a cabo la labor que venía realizando en los últimos años sin una estructura sindical, añadiendo, en este sentido, que nunca ha tenido ningún interés personal por estar en ese puesto, sino que su única voluntad ha sido la de defender los derechos de los trabajadores del sector.
En todo caso, Román esperó que, al menos, la huelga de dos meses haya servicio para dar un toque de atención sobre la situación de la Justicia en España y que se abra un debate sobre la necesidad de llegar a un pacto de Estado para que este servicio público funcionen de la manera más efectiva posible.
Sobre la postura que tomarán el resto de delegados de UGT en la Junta de Personal de Justicia de Ciudad Real -donde tiene la mayoría con cinco representantes, frente a los tres de CSI-CISC, dos de CC.OO., y una de STAJ-, dijo que no quiere hablar por nadie, aunque, las posturas apuntan a que habrá más abandonos.
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