Las exigencias y contradicciones entre Colombia y Ecuador enturbian hoy las gestiones para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, tras el plazo de 48 horas dado por Quito a Bogotá para que demuestre sus denuncias sobre la presencia de las FARC en territorio ecuatoriano.
El Gobierno colombiano acusó este domingo al Gobierno de Rafael Correa de haber impedido a militares de su país actuar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.
Bogotá así lo señaló al rechazar las declaraciones que Correa hizo en México, mientras Quito, en un comunicado, pidió, además de pruebas sobre ese impedimento a los militares ecuatorianos, copias de los archivos de los computadores del jefe guerrillero alias "Raúl Reyes" y dijo que eso debía llegar en un "plazo de 48 horas".
El Gobierno colombiano del presidente, Álvaro Uribe, sin embargo, no tardó mucho, y en un segundo comunicado, el mismo domingo, señaló que la "gran prueba" de que Correa impidió a sus militares actuar contra las FARC, "fue la presencia notoria" en ese país de "Reyes".
El ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, al reaccionar hoy a los comunicados colombianos, señaló, en declaraciones a emisoras colombianas, que se "sigue demostrando (...) que aquella afirmación es una falacia, porque la respuesta que ha dado el Gobierno colombiano al ultimátum ecuatoriano no es una respuesta satisfactoria".
Ponce recordó que el "Gobierno de Uribe intenta relacionar al Gobierno de Ecuador con las FARC", indicó que esa "es una falsedad que todavía el Gobierno colombiano no ha sustentado", y pidió a Colombia el envío de los contenidos de los computadores de "Raúl Reyes".
El rebelde, cuyo verdadero nombre era Luis Édgar Devia Silva, considerado el "número dos" de esa guerrilla, murió el 1 de marzo pasado en una incursión de tropas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, cerca a la frontera común, junto a 25 personas más.
Las tropas colombianas incautaron en el campamento al menos tres computadores.
Tras los hechos, el 3 de marzo Correa anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Colombia, mientras el presidente venezolano, Hugo Chávez, en solidaridad con el mandatario ecuatoriano, retiró el personal diplomático de su país en Bogotá y envió tropas a la frontera común.
A la crisis se sumó Nicaragua, país que mantiene un contencioso con Colombia por la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Mar Caribe.
Sin embargo, el 7 de marzo pasado durante la cumbre de presidentes y jefes de Gobierno del Grupo de Río, en Santo Domingo, y a instancias del presidente anfitrión, Leonel Fernández, aparentemente, al menos con Venezuela y Nicaragua, se zanjaron las diferencias y los gobernantes se dieron un apretón de manos y un abrazo.
Pero Ecuador aguarda aún los resultados de una reciente visita de una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que busca precisamente el restablecimiento pleno de las relaciones colombiano-ecuatorianas.
Esa misión, enviada por mandato de la Reunión de Cancilleres inició su trabajo el pasado día 7 de abril en Quito, donde permaneció dos días, y luego pasó a Bogotá.
En su visita a México la semana pasada, Correa calificó como "una payasada", las advertencias de Colombia a Ecuador sobre la presencia de "Raúl Reyes" y de la existencia de varios campamentos de las FARC en su país.
Este lunes en Cartagena de Indias, norte, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán reveló que investigadores de su despacho se encuentran en Ecuador para indagar sobre pormenores que rodearon el ataque al campamento de "Reyes".
Los fiscales viajaron para proseguir las investigaciones del caso y en principio de la "protección del interés nacional", dijo Iguarán.
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