En su ira antiuribista, la Corte Suprema termina por dar un regalo a Mancuso.
Desde el 2003, cuando arrancó el controvertido e incompleto proceso de desmovilización paramilitar, la máxima aspiración de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ha sido evitar la extradición. Saben que mientras en Colombia se exponen a condenas de cuatro a ocho años por algunas de las peores masacres de la historia, en Estados Unidos pueden pasar el resto de sus días en prisión por narcotráfico. Saben también que, mientras desde las cárceles colombianas pueden seguir -como de hecho han seguido algunos- delinquiendo, en una celda de alta seguridad del Tío Sam apenas si los dejan hablar con la señora. Sólo unos capos menores que se presentaron allá antes de que los capturaran, han entregado plata y han quedado en libertad vigilada y, en todo caso, fuera del negocio. Por eso, quienes hemos criticado en diferentes ocasiones el decurso del proceso con Mancuso y Cía., siempre hemos creído que la opción de la extradición debe mantenerse viva y que el Presidente de la República debe aplicarla sin contemplaciones cuando alguno de los ex comandantes de las Auc incumpla.
Hace ocho días decía en esta misma página que, por todo lo anterior, la extradición de alias 'Macaco' era un paso en la dirección correcta. No les pareció así a los antiuribistas, que decidieron, sin aportar prueba alguna, que se trataba de una farsa porque 'Macaco' ya había negociado con Estados Unidos. Ignoro si esa negociación es cierta, pero sé de muchos que han hecho lo mismo y han pasado el resto de sus días en una cárcel. Y hay un detalle que ninguno de los exponentes de la idea de la farsa ha sido capaz de explicar: por qué, si todo es un montaje, el abogado de 'Macaco' ha interpuesto un recurso tras otro para evitar que a su cliente se lo lleven en un avión de la DEA. El ex vicepresidente Humberto de la Calle hizo la pregunta la semana pasada en el programa radial Hora Cero, de Néstor Morales, y nadie supo contestarle.
Me parece perfectamente válida la protección de los derechos de las víctimas, tanto a conocer toda la verdad como a recibir la debida reparación. Pero eso no se resuelve evitando la extradición. Mientras estén en Colombia, esos criminales mantienen su capacidad corruptora de algunas autoridades, y su brazo armado sigue activo para amenazar a las víctimas. Si los extraditan, es posible obtener sus versiones para esclarecer la verdad. El proceso 8.000 se consolidó con los testimonios de Guillermo Pallomari desde Estados Unidos. Y en cuanto a la reparación, ahí están sus bienes para extinguirlos y con esos fondos reparar a las víctimas. Pongo de presente este hecho concluyente: los bienes de narcotraficantes exitosamente extinguidos han sido sobre todo los de los capos extraditados.
Todo esto se puede venir abajo con la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada, que plantea condicionar las extradiciones de capos vinculados a la desmovilización paramilitar a garantizar la verdad y la reparación. Mancuso y Cía. deben andar de fiesta, lo mismo que sus abogados. Se les apareció la Virgen. Lo que buscaban desde el 2003 parece ahora al alcance. Ya se sabe de varios que tienen listos recursos contra sus extradiciones firmadas y en suspenso, por cuenta de la verdad y la reparación.
¿Por qué lo hace ahora la Corte, que nunca, en sus decenas de pronunciamientos anteriores sobre la extradición, había tocado el tema de los condicionamientos? Porque lamentablemente el alto tribunal, que actuó con gran valor cuando destapó el escándalo 'parapolítico', está ahora enredado en una pelea con Uribe en la que si el Presidente dice blanco, ellos dicen negro, si Uribe cree en Dios, ellos se declaran ateos. Qué grave error y qué costoso puede resultar. Que los opositores de Uribe, que lo criticaban por no extraditar, ahora lo critiquen por hacerlo vaya y venga: es un tema político. Pero que la Corte se les sume es inaceptable, pues equivale a que se haya emborrachado la Policía.
Mauricio Vargas
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