El gobierno y el campo fijaron una agenda de trabajo

Así lo señaló Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro entidades rurales que decretaron en marzo pasado una huelga comercial en rechazo al aumento de los impuestos a la exportación de granos, que fue suspendida por 30 días el pasado 2 de abril, cuando se estableció una "tregua".

"Está bueno que al menos haya una agenda y una actitud de parte del Gobierno de ponerse a trabajar", aseguró Buzzi tras ser recibido junto a otros dirigentes agropecuarios por el jefe del Gabinete , Alberto Fernández.

El titular de la Federación Agraria dijo que el sector agropecuario viene de "tres o cuatro años de maltratos y desencuentros" con el Gobierno, por lo que valoró que se quieran "echar las bases de una política agropecuaria a largo plazo".

Sin embargo, remarcó que hay "temas urgentes por resolver" y sostuvo que el aumento a las retenciones, detonante del conflicto, es un asunto que se "está discutiendo", pese a que el Gobierno señaló que no modificará esa política.

"No puedo decir con qué sensación me voy de la reunión porque quiero esperar para hacer alguna evaluación hasta el jueves o viernes, cuando ya tengamos resultados de estas discusiones técnicas que comenzarán mañana", apuntó Buzzi.

En el mismo sentido se manifestó Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina, al señalar que el sector agropecuario ha pasado "de un aislamiento total a formar parte de una política oficial".

No obstante, exigió "soluciones concretas y urgentes" para que los productores "sientan que son escuchados", aunque valoró el diálogo tras considerar que es la "manera de encontrar soluciones".

Algo más escéptico fue Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, quien subrayó que la reunión se lleva apenas "un aprobado".

"El Gobierno ha perdido el crédito con los productores, por lo que necesitamos soluciones al contado", afirmó Llambías, después de recordar que hay "muchos temas de coyuntura que deben resolverse de manera urgente".

Los tres dirigentes y el titular de Coninagro, Fernando Gioino, se reunieron con Alberto Fernández tras entrevistarse el viernes último con la presidenta argentina, Cristina Fernández, en un encuentro que calificaron de "positivo".

Además de cuestionar la nueva política impositiva que a comienzos de marzo supuso un alza de impuestos a la exportación de soja y girasol, el sector agropecuario pretende normalizar los mercados de leche, carne y trigo, renglones en los que la intervención del Estado afecta la rentabilidad y dificulta las exportaciones.

Los dirigentes rurales también pretenden discutir mecanismos para diferenciar entre grandes, medianos y pequeños productores.

El Gobierno fijó precios máximos para los productores lácteos, a quienes compensa con subsidios y cerró temporalmente la exportación de trigo.

Asimismo, estableció cupos a las exportaciones de carne vacuna desde fines de 2006, cuando levantó una veda de varios meses a la colocación de ese producto salvo los de la Cuota Hilton, como se llama a los cortes de calidad que se venden a la Unión Europea.
El campo sostiene que la nueva política impositiva supone para el sector una "confiscación adicional" de 2.500 millones de dólares al año, además de los 7.500 millones anuales que aporta por otros impuestos.

Pero las autoridades aducen que buscan evitar el alza de los precios internos de los alimentos, mejorar la distribución del ingreso e impedir que el país solo se dedique a exportar soja en desmedro de otras actividades agropecuarias y de la industria.

El país es el tercer productor mundial de soja y el primero de aceites de ese grano oleaginoso, pero los ingresos del Fisco no se reparten entre las provincias, lo que avivó las protestas del sector agropecuario.