Grupo de juristas venezolanos enfrentan con argumentos las inhabilitaciones que pretende el gobierno en contra de adversarios políticos

Varios abogados especialistas en materia constitucional, presentaron un documento donde manifiestan su opinión acerca de las inhabilitaciones políticas que han sido manifestadas desde la Contraloría General de la República.

Afirman que el Contralor desconoce todo lo concerniente a los principios de la legalidad, y por ende, las acciones que pretende aplicar en cuanto a las inhabilitaciones políticas van en contra de la Carta Magna, de la República y sus leyes.

El caso más preocupante, según los abogados, es que en este año habrá elecciones y desde la Contraloría General de la República se pretende inhabilitar a más de cuatrocientos funcionarios que en este momento ejercen cargos de elección popular, y que tienen la oportunidad de postularse para otros cargos.

Por último, en el documento los abogados instan a la Contraloría a que declare inconstitucional el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría general de la República,ya que este hace referencia a funcionarios públicos designados, y no a los funcionarios públicos que ostentan cargos de elección popular.

Alberto Arteaga señaló que las inhabilitaciones políticas que acuerda el Contralor General de la República son inconstitucionales y suponen una desviación de poder.

El jurista explicó que “el artículo 49, numeral 6, de la Constitución establece que nadie puede ser sancionado por actos u omisiones que no hayan sido previstos como infracciones en leyes preexistentes; es decir, se recoge el principio de la legalidad de las sanciones administrativas, equiparable al principio de la legalidad de las penas en el ámbito del derecho penal”.

El documento que han redactado será entregado a cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como a los rectores del CNE.

Según Arteaga, el CNE está oblicado “a interpretar y aplicar las leyes y demás actos jurídicos, conforme con los principios y disposiciones constitucionales”.

Para él, el CNE “no sólo está facultado, está obligado, a revisar la constitucionalidad de los actos de otros poderes que vaya a ejecutar, y en este caso está obligado a considerarlo nulo o de lo contrario cada uno de los funcionarios serán personalmente responsables tanto penal como civilmente”.
Los abogados que suscribieron el documento son Alfonso Rivas Quintero, Alfredo Morles Hernández, Claudia Nikken, Enrique Sánchez Falcón, Gerardo Fernández, Gustavo Linares Benzo, Gustavo Tarre Briceño, Jesús María Casal, Jorge Pabón, José Enrique Molina, Rafael Contreras, Ramón Guillermo Aveledo y Román J. Duque Corredor, además del mencionado Alberto Arteaga.