El presidente de Aragón prometió irse si había trasvase

El Gobierno ha dado salida este viernes al polémico acuerdo entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña para trasvasar agua del Ebro hasta Barcelona. El ‘trasvase’ ha sido calificado por la vicepresidenta Fernández de la Vega como “conducción urgente de agua”. La fórmula utilizada ha sido la de un Real Decreto Ley para paliar una “situación emergencia”, porque “si no actuamos, los ciudadanos de Barcelona se encontrarán en octubre sin agua para beber, así de sencillo”. Según la vicepresidenta, la medida afecta a cinco millones de personas con problemas de suministro.

Un “Gobierno responsable”, dijo Fernández de la Vega en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, debe atender a esta emergencia, y “hemos encontrado la mejor solución: que  no es otra que ‘conducir’ el agua”. La ‘vice’ ha intentado evitar en todo momento el polémico término de trasvase que, según el diccionario de la Real Academia Española, significa llana y sencillamente “pasar un líquido de un recipiente a otro”.

Más allá de la ‘guerra dialéctica’ y de los apuros del Gobierno para no hablar de trasvase, De la Vega ha insistido en que “el caudal del Ebro queda exactamente igual como está ahora”, porque es una “solución, además de urgente, sostenible”; porque es una solución temporal, que sólo se utilizará hasta que entre en función la desaladora de El Prat, y porque “no tiene impacto medioambiental” ya que utiliza la infraestructura de la autopista AP-7. Una solución que ya avanzó el Gobierno de Aznar en 2003 dentro del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que derogó precisamente el Gobierno socialista.

Pero, en fin, De la Vega ha intentado dar la vuelta a la tortilla y ha dicho que “es lamentable” que se intente humillar a los barceloneses con lo que Valencia y Benidorm ya han disfrutado; es decir, agua trasvasada para el consumo.

 Según De la Vega, “se trata de agua de la que ya disponen los regantes del delta del Ebro”, por lo que no saldrá una sola gota de más. La obra de construcción de una tubería paralela a la AP-7 durará seis meses de trabajo y costará un total de 180 millones de euros. Y una última insistencia de la ‘vice’: “No se extrae ni una gota más del Ebro, por lo que no estamos hablando de trasvase, sino de conducción”.

En definitiva, la obra aprobada este viernes por el Consejo de Ministros conectará la cuenca del Ebro hasta Barcelona a través de una tubería de acero de un metro de diámetro y 62 kilómetros de longitud. La tubería irá soterrada en paralelo a la AP-7, entre Tarragona y la depuradora de Abrera para trasvasar 50 hectómetros cúbicos.

La culpa de todo este problema la tiene el clima, porque “el Gobierno se ha encontrado estos cuatro años con una de las peores sequías de la historia… y hemos garantizado el suministro a todos los ciudadanos, también a los de Valencia, Murcia, Alicante y Almería”.

<Tras culpar al clima, De la Vega arremetió contra el Partido Popular, algunos de cuyos dirigentes han llevado esta polémica decisión al Tribunal Constitucional, abriendo lo que se conoce como “guerra del agua”: “El gobierno no apuesta por la guerra en ningún caso, por ningún tipo de guerra, porque la guerra no es la solución”, dijo de la Vega. Y añadió que “hemos hablado con todos los presidentes… con el de Aragón… bueno, hemos hablado con todos los que han querido hablar”. Finalmente, de la Vega advirtió que “la opción es plenamente constitucional”, en respuesta a los presidentes de Murcia y de la Comunidad Valenciana.


Pueden ver otras noticias relacionadas con el tema del agua:

- Zapatero ‘plagia’ un proyecto de Aznar que ya fue derogado por el Gobierno socialista

- La guerra del agua se desborda: Murcia y Valencia recurren al Constitucional el trasvase a Barcelona

- Los socialistas murcianos también piden agua desde el trasvase Tajo-Segura

- Diariocrítico le ofrece dos visiones distintas en la 'guerra del agua': Valencia y Cataluña


Vea las declaraciones de De la Vega tras el Consejo de Ministros: