La hecatombe puede ser otra

Cuando el presidente Álvaro Uribe sugirió hace algunos meses que sólo buscaría una segunda reelección en caso de que viera al país encaminarse a una hecatombe, las referencias de su declaración parecían claras: tenían que ver con que las Farc mantuvieran su poder desestabilizador. Tras la serie de golpes propinados por la Fuerza Pública a los hombres de 'Tirofijo' -en especial, la muerte de 'Raúl Reyes'- los nubarrones de esa hecatombe se disiparon. Pero surgieron otros.

Si alguna duda quedaba, quedó confirmada el viernes cuando la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, por sus supuestos nexos con el paramilitar llamado 'El Pájaro'. Completaba así la Justicia la apertura de proceso a más de 60 congresistas en año y medio de escándalo 'parapolítico', pero en esta ocasión con el agravante de que tocaba a la cabeza del poder legislativo.

Cuando la Corte inició sus averiguaciones hace más de 18 meses, recibió el masivo respaldo de la opinión. Limpiar la política de la nefasta influencia de las mafias paramilitares era un propósito loable que todo el país estaba obligado a respaldar. Por encima incluso de las dudas de entonces porque la Corte había tenido algunos de esos casos engavetados mucho rato, y que sólo procedía en medio de un duro enfrentamiento con el Presidente, por cuenta del apoyo de éste a la Corte Constitucional en la pelea entre los altos tribunales por la tutela contra sentencias judiciales.

Algunos advertimos que las indagaciones corrían un grave riesgo al depender, en muchos casos, de modo exclusivo de la prueba testimonial. Si uno o dos paramilitares desmovilizados declaraban que tal parlamentario había recibido apoyo de ellos, eso bastaba para que lo llamaran a indagatoria y lo detuvieran. Aunque en algunos de los procesos, la culpabilidad de los congresistas es evidente por la acumulación de muchas otras evidencias, en otros casos las dudas persisten. Hay congresistas que llevan varios meses en prisión preventiva sin que contra ellos pesen pruebas diferentes a los testimonios de los paramilitares o de sus aliados políticos.

¿Y si se trata de retaliaciones de los ex Auc y de sus verdaderos amigos en el Congreso contra congresistas que no les caminaron a sus propósitos? A mí, casos como el de los senadores liberales Luis Fernando Velasco y Juan Manuel López, o el de la propia presidenta del Congreso, me ponen a dudar. Como periodista, los traté por años y fui testigo de sus posturas antiparacas con las que, en muchas ocasiones, arriesgaron sus vidas. No sé si vayan a aparecer pruebas que me convenzan de lo contrario. Pero hasta ahora, no las conozco.

A comienzos del año, Uribe cometió el gravísimo error de denunciar penalmente a uno de los magistrados, y eso agrió aún más la confrontación. El resultado fue que la Corte terminó por ponerle palos en la rueda a la extradición, con lo cual favoreció a 'Macaco', y acaba de poner otro contra la extinción de dominio de un predio asociado con el narcotraficante 'Caracol'. De todo ello resulta la ironía de que el mismo tribunal que busca limpiar la política del influjo mafioso, les pega a la extradición y a la extinción de dominio, los dos grandes pilares de la lucha antimafia. ¿Por qué? Porque está indignada con Uribe.

Lo curioso es que semejante escenario amenaza con producir una hecatombe más grave que la que habría por cuenta de unas Farc fortalecidas. Sobre todo porque en la Casa de Nariño muchos creen que la Corte anda en busca de pruebas que comprometan al propio Presidente, quien por esta vía de análisis concluiría que la única salida para atajar esta nueva crisis es buscar una segunda reelección. El resultado sería la mayor de las paradojas: la Corte Suprema puede ser la que decida a Uribe a buscar su tercer mandato.

Mauricio Vargas
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