Inician juicio a vocales electorales

    Lucio Vedia Villaba y Gualberto Martínez Saldías, patrocinados por el abogado Gonzalo Trigoso, presentaron ese recurso legal ante la Fiscalía General de la República. Vedia, responde a la línea del MAS y ha encabezado la división del movimiento obrero en Santa Cruz con la creación de una COD paralela.

    Aseguran que los vocales electorales Mario Orlando Parada, José Ernesto Zambrana, David Antelo Gil, Fernando Castedo, José Antonio Ayala, William Padilla Méndez, Sonia Eliana Roca, Santos Gomes Hoyos y Ada Ofender Mejía cometieron esos presuntos delitos.

    Sostienen que la voluntad expresada en el referéndum vinculante del 2 de julio de 2006 refleja el sentir del pueblo cruceño, que apoyó la instauración del régimen autonómico, de ninguna manera debe ser a través de subvertir el orden jurídico establecido con el afán de dar lugar a intereses políticos y económicos de una minoría.

    En ese contexto, Vedia y Martínez acusan a los vocales electorales cruceños de la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes (artículo 153 del Código Penal), sedición (artículo 123), e instigación pública a delinquir (artículo 130).

    También sindican a esas autoridades de ser cómplices  del delito de atribución de los derechos del pueblo (artículo 124 en relación al artículo 21 del Código Penal) y demandan a la Fiscalía General considerar los fundamentos de hecho y de derecho que exponen.

    "Es suma, los señores vocales de la Corte Departamental Electoral están ejerciendo actos y funciones que no emanan de la ley y por tanto sus actos son nulos por usurpación de funciones y se encuentran tipificados como delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes", aseguran.

    En ese contexto, afirman que los vocales electorales cruceños en forma abierta, pública y hostil se oponen al cumplimiento de leyes y la Constitución Política del Estado; lo que viene provocando un trastrocamiento en el orden público y un llamado a la desobediencia general; por lo que, sus actos también se encuentran tipificados como delito de sedición".

    Por ello acusan a los vocales de la CNE de Santa Cruz que, con sus actos de organización y cumplimiento de resoluciones ilegales emanadas de la Prefectura, "se han convertido en cómplices e instigadores del delito de atribución de los derechos del pueblo".