El juicio penal por “desacato” que inició el Gobierno el 10 de mayo de 2007, contra el presidente de La Hora, Francisco Vivanco, fue reactivado sorpresivamente.
El proceso legal arrancó el 9 de marzo de 2007, cuando el diario La Hora publicó un editorial titulado ‘Vandalismo oficial’, un día después de los incidentes fuera del Congreso y la agresión a los diputados destituidos.
“Esta política que sale de la Presidencia y que pretende gobernar con tumultos, piedras y palos es vergonzosa para el mandatario que se ufana de ser un hombre respetuoso....”, decía parte del artículo.
El 14 de marzo en reunión con la prensa extranjera, el presidente Rafael Correa dijo que pensaba enjuiciar a un periódico por no haber publicado una carta en la que exigía rectificaciones.
Dos días después, La Hora publicó la carta: “El Gobierno se ve en la obligación de advertirle que sus afirmaciones, en las que se acusa sin pruebas a la Presidencia, de instigar actos delictivos, son inadmisibles y superan los límites de la libertad de opinión y prensa, por lo que el Ejecutivo le exige que proceda a rectificar el editorial”.
El periódico de su lado indicó que “el Gobierno confunde la información con la opinión y la responsabilidad gubernamental y política con la persona del presidente...”. Pese a que la entonces secretaria de Comunicación, Mónica Chuji, dijo en primera instancia que el Gobierno no enjuiciaría al diario, el 26 abril de ese mismo año, La Hora publicó una noticia titulada ‘Correa asaltó Junta Bancaria’, refiriéndose a la designación de María de Lourdes Andrade en representación del Ejecutivo. El 10 de mayo de 2007, Correa presentó una demanda por “desacato” contra Vivanco, por el editorial del 9 de marzo.
Según La Hora, el fiscal de la unidad de Delitos Misceláneos, no escuchó los pedidos de Vivanco de recepción de pruebas y el caso quedó estancado. Sin embargo, el 16 de abril pasado el fiscal que lleva la causa emitió una providencia en la que señala que el 25 de abril, a las 15:00, Correa “presente su informe sobre el hecho denunciado”, para lo cual el fiscal general irá al despacho presidencial.
Genaro Aguirre Vallejo, quien dirige la defensa de La Hora, considera que la diligencia establecida por el fiscal, por sus características, no está contemplado en el Código de Procedimiento Penal, ni en otras leyes por lo cual la orden del fiscal es “ilegal”, afirmó. Aguirre señaló que el agente fiscal no ha atendido el pedido de práctica de “incorporación al proceso de más de 30 pruebas” que fuera solicitada oportunamente por Vivanco, por lo que se ha puesto a diario La Hora en posición “evidente de indefensión”, señaló.
Además, indicó que llama la atención que a poco tiempo de que se cumpla con el plazo de un año, que dura la etapa de indagación previa, el fiscal sorpresivamente emita un dictamen.
Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió su resolución de la reunión semestral que se celebró en Caracas del 28 al 30 de marzo y resolvió “exhortar al presidente Correa a no solamente desistir de su demanda contra La Hora sino también proponer la eliminación de las leyes de desacato y violaciones del Código Penal”
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