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Consejo de Ministros

Los delitos encontrarán castigo en cualquier país de la UE

Los delitos encontrarán castigo en cualquier país de la UE

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha aprobado este viernes un Proyecto de Ley que permitirá el reconocimiento mutuo automático de las sanciones pecuniarias impuestas por infracciones penales dictadas por los jueces de cualquier Estado miembro de la UE.
Mediante esta norma se incorpora al Derecho español la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo de Ministros de la UE, que se enmarca en las actuaciones dirigidas a la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia en territorio comunitario, considerando la cooperación judicial internacional como una de sus piezas esenciales. Da continuación, además, a otras dos importantes decisiones comunitarias, como son la “orden de detención europea” (conocida como OEDE) y la referente a la ejecución de las “resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas”.

Resoluciones firmes en materia penal

Este reconocimiento mutuo se refiere a las resoluciones correspondientes al fondo de un asunto penal, por las que se hayan impuesto sanciones pecuniarias con carácter firme.

Por sanción pecuniaria se entiende la cantidad de dinero que haya sido impuesta en concepto de costas judiciales o gastos administrativos originados en el procedimiento, las compensaciones en beneficio de las víctimas que no pueden ser parte civil en el procedimiento penal y las cantidades que se destinen a un fondo público u organización de apoyo a las víctimas. Quedan al margen de esta consideración las órdenes de confiscación de instrumentos o productos del delito o la responsabilidad civil derivada de los delitos.

Transmisión y ejecución de resoluciones


La transmisión entre los Estados miembros de estas resoluciones judiciales se deberá acompañar de un certificado anexo dirigido a las autoridades competentes del Estado en el que tenga sus propiedades, ingresos, residencia habitual o sede social la persona física o jurídica contra la que se haya dictado la resolución judicial.

En España serán competentes para emitir estas resoluciones dirigidas a otros Estados miembros los jueces o tribunales penales, mientras que la ejecución de las resoluciones emitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros está reservada únicamente a los jueces de lo penal. Además, se establece un catálogo de 39 tipos de delitos para los que no es necesaria la aplicación del principio de doble incriminación entre los Estados.

El Estado que emite la resolución no podrá proceder a su ejecución posterior a menos que el Estado que la ha recibido le informe de que esta ejecución no ha sido realizada total o parcialmente, o no ha sido reconocida, así como cuando este Estado emisor haya informado al receptor de que la resolución se ha suspendido o anulado.

Igualmente, se reconocen algunos motivos tasados de denegación del reconocimiento o ejecución de la resolución, como son: la irregularidad del certificado presentado; la prescripción del delito según la legislación del Estado de ejecución; los casos de inmunidad o la imposición de la pena a personas no responsables, como los menores, entre otros.

Sanciones de tipo administrativo en materia de tráfico


Por otra parte, esta norma europea permite su aplicación en algunos supuestos de sanciones pecuniarias dentro del ámbito administrativo, entre las que destacan las infracciones de normas de tráfico, incluidas las referentes a tipos de conducción y descanso, así como transporte de mercancías peligrosas.

Sin embargo esta “sanción administrativa” tiene una característica peculiar que hace imposible su aplicación en España. En la norma europea está contemplado que la sanción pecuniaria que imponga una autoridad distinta a los jueces o tribunales pueda ser recurrida ante órganos judiciales con competencia en materia penal. Esta situación, que sí se da en un buen número de países europeos, no se produce en el nuestro, donde este tipo de sanciones sólo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Proyecto se acompaña de otro Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para reconocer las competencias que se van a atribuir a los jueces de lo penal y coordinarlas con las que ya cumple la Audiencia Nacional.
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