El Pacto por la Vivienda fue suscrito en Toledo por el presidente de Castilla-la Mancha, José María Barreda; la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y los responsables regionales de CC.OO, UGT y la Confederación de Empresarios (CECAM), José Luis Gil, Carlos Pedrosa y Jesús Bárcenas, respectivamente.
La principal medida del pacto, con horizonte temporal 2008-2015, es la creación de un nuevo tipo de vivienda público-privada (VIPP) que los empresarios construirán con la garantía de financiación y de venta por parte del Ejecutivo, a cambio de que las hagan en los lugares donde hay demandan y de que renuncien a un margen de sus beneficios.
Serán viviendas privadas realizadas sobre suelo de titularidad pública, de unos 70 metros cuadrados, con un precio de entre 130.000 y 150.000 euros, y según Barreda, no se harán "en vez" de las viviendas de protección oficiaol, sino "además de ellas".
La minsitra de Vivienda manifestó que el acuerdo aporta una solución "imaginativa" a la situación que atraviesa Castilla-la Mancha, aunque dejó claro que el propósito del Gobierno es "no impedir artificalmente el necesario ajuste del sector" de la construcción, sino hacer que ese ajuste se prodzca "de forma inteligente".
Según Beatriz Corredor, las empresas "más competitivas, innovadoras y productivas" serán "las que salgan reforzadas" y se conducirá al sector "hacia un horizonte óptimo de equilibrio" que permita "diversificar el crecimiento económico" en España.
El presidente de Castilla-la Mancha, por su parte, subrayó la importancia del compromiso adoptado por los agentes sociales y económicos e indicó que el pacto sigue abierto a las formaciones políticas que no se han sumado a él, en alusión el PP, que manifestó su oposición a este acuerdo.
Barreda subrayó que el principal objetivo del acuerdo es que los más de 47.800 demandantes de vivienda que hay registrados en la comunidad, el 74% de ellos jóvenes, accedan a una, a un precio asequible.
Para ello, dijo, era imprescindible el compromiso de los empresarios y de los sindicatos, pues el Gobierno regional no podría hacer "jamás" 50.000 viviendas en dos años, algo que sí pueden lograr los empresarios.
De paso, el acuerdo servirá para ayudar a un sector que en estos momentos "atraviesa por dificultades", así como a industrias auxiliares de tanto peso en la región como la de las puertas o la de la cerámica industrial.
Se trata, dijo Barreda, de "echar una mano a la mano invisible que mueve el mercado paraponer en relación la oferta y la demanda", dijo.
Además de la medida "estrella" de las VIP, el acuerdo implicará reformas legales para que se pueda ampliar el número de viviendas previstas en un plan general de ordenación sin variar la edificabilidad máxima prevista y sin revisar ese instrumento de ordenación.
También se ayudará a los promotores que quieran general suelo y la Junta promoverá concursos públicos para la transformación de suelo en los municipios donde haya demanda de vivienda.
Para acceder a este tipo de viviendas será requisito obligatorio estar inscrito en el registro de demandantes y se modificará el sistema de adjudicación para agilizarlo y para ordenar a los demandantes por antigüedad, con reservas de cupos para colectivos necesitados. Las oficinas de Vivienda actuarán así como elementos centrales de las gestión de demanda.
En cuanto a la financiación, a través del Instituto de Finanzas regional y con el apoyo de las entidades financieras se abrirán líneas de crédito convenidas para los constructores.
Todas las instituciones firmantes formarán parte de la Mesa del Pacto por la Vivienda, encargada de su seguimiento, y del Observatorio del Suelo y la Vivienda, que servirá como instrumento de apoyo a la misma.
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