Los acusaciones del Gobierno cubano contra la disidencia interna han aumentado en las últimas semanas en los medios de comunicación oficiales con la reiteración de denuncias de ser "mercenarios al servicio de Estados Unidos", algo que los opositores consideran una nueva campaña en su contra.
Para algunos disidentes se trata de una campaña más dentro de la estrategia "cíclica" contra estas agrupaciones; para otros, la política de EE.UU. hacia Cuba no hace más que favorecer este tipo de denuncias y hay quienes incluso ven positivo que en los medios oficiales se les acuse, porque implica un reconocimiento tácito.
El último capítulo de las acusaciones aparece hoy en el diario oficial Granma, en el que se acusa al presidente George W. Bush de tratar de "levantar un muerto (la disidencia) que no tiene resurrección", tras mantener una videoconferencia el pasado día 6 con tres opositores en la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana (SINA).
La acusación se suma a otras denuncias de la televisión cubana, que desde el día 21 ha reiterado en varias ocasiones que los opositores son agentes de Washington y ha mostrado imágenes de disidentes en compañía del jefe de la SINA, Michael Parmly, o recibiendo en sus domicilios materiales enviados desde esa oficina.
"Pienso que hay una ofensiva del Gobierno y creo que este es un momento en que debería de haber posiciones flexibles porque aquí la oposición es pacífica", dijo a Efe Miriam Leiva, miembro fundador de las Damas de Blanco, movimiento que agrupa a mujeres familiares de los 75 condenados a penas de hasta 28 años de cárcel en la primavera de 2003.
"En ambos lados (Washington y La Habana) se están crispando las actitudes, las declaraciones y también hay una realidad: un proceso electoral en EE.UU. y es posible que seamos víctimas de las pretensiones electorales", dijo Leiva.
Óscar Espinosa Chepe, uno de los 75 excarcelado por razones de salud, opinó que "hay una campaña evidente" de descrédito contra los disidentes, a los que, según dijo, el Gobierno cubano "siempre utiliza como un elemento del conflicto con EE.UU." para tratar de presentarlos "como agentes de una potencia extranjera".
"La disidencia es un producto de la crisis que vive la sociedad cubana, lo que tiene que hacer el Gobierno cubano, en vez de buscar chivos expiatorios, es ponerse a resolver el desastre que tiene", dijo, al pronosticar que la situación "puede mantenerse" hasta noviembre.
Para Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, las acusaciones son "un tema recurrente, por tiempos, cíclico" y subrayó que su presencia en los medios cubanos "desmiente un poco el discurso formal oficial" en cuanto a que no existen y so "irrelevantes".
Añadió que se trata de una estrategia para vincular a la oposición con el "enemigo externo" y subrayó que no dice nada sobre la ayuda que se manda desde países europeos.
Martha Beatriz Roque, de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, afirmó que la campaña tiene punto de origen en el desalojo por la fuerza, el pasado día 21, de un grupo de diez Damas de Blanco que pedían la liberación de los presos políticos apostadas en la Plaza de la Revolución de La Habana.
"El escándalo de las Damas de Blanco fue muy grande y quizá ahora estén preparando algún espectáculo mayor", dijo Roque, quien participó en la videoconferencia con Bush el pasado día 6.
Señaló que el Gobierno está "intensificando su actividad" contra los disidentes y rechazó que Washington entregue dinero a los disidentes.
Laura Pollán, de las Damas de Blanco, cuya casa fue mostrada por la televisión cubana cuando recibía cajas de un vehículo de la SINA, señaló que para ella "no es nada vergonzoso que haya salido eso por la televisión".
"Me dejaron alrededor de doce cajas con sábanas, toallas, pañuelos para los presos, regalitos que compramos aquí, perfumes, jabones", dijo, y rechazó que ellas estén vinculadas con Estados Unidos.
"No queremos que Cuba sea anexada a ningún país del mundo, pero tampoco ni a China ni a Venezuela, queremos que sea una Cuba libre e independiente", dijo.
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