Mientras tanto, en la Asamblea, la superintendente de Bancos, Gloria Sabando, denunció la desaparición de una computadora con la información de la mutualista.
Paralelamente, el fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras, Jorge Cano Racines, dio por iniciada la instrucción imputando a:
Gonzalo Sánchez Barreiro, gerente general de Mutualista Benalcázar al 31 de diciembre de 2007.
Carlos Pareja Torres gerente general al 31 de marzo de 2008.
Ximena Martínez Rueda, presidenta del directorio al 31 de marzo de 2008.
Enrique Estrella Torres, vicepresidente del directorio al 31 de marzo de 2008;
Carlos Bermeo Ponce, Enrique Gortaire Arbolada y Emanuel Narváez Pérez, vocales del directorio al 31 de marzo de 2008.
La audiencia
Durante la audiencia de formulación del caso, con la presencia de la jueza María Cerón, el agente fiscal Jorge Cano, el defensor de oficio y los abogados de los ahora imputados, se expuso los argumentos para la iniciación de esta instrucción y la necesidad de que se adopten medidas cautelares personales y reales.
Pablo Guerrero, abogado defensor del gerente general de la Mutualista Benalcázar, Carlos Pareja Torres, esgrimió que no había fundamentos legales para que se dicte la prisión preventiva de los imputados, porque nunca hubo insolvencia de la Mutualista y eso se puede probar porque hasta el último día se estuvo pagando por ventanilla. Para este abogado, la Superintendencia de Bancos “le metió la mano a los quiteños, que son básicamente los clientes de la mutualista”.
También adujo que la Superintendencia no valoró adecuadamente todos los bienes de la Mutualista y de forma apresurada dispuso que todo pase a manos del Estado.
Jorge Cano dice que siendo de dominio público, la “noticia criminis” constituye la información difundida en varios medios de comunicación colectiva del país, en relación a que la Junta Bancaria, mediante resolución emitida el 7 de mayo de 2008, ha declarado en estado de insolvencia a la Mutualista Benalcázar, al presentar un patrimonio técnico de -6%, cuando para su operatividad se requiere de un mínimo del 9%, conforme lo establece el Art. 47 de La Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
Acciones cautelares
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez Mera, dispuso a todos los distritos judiciales que, en el caso de la Mutualista Benalcázar, se cumpla el artículo 170 de la Ley General de Instituciones Financieras. Con ello no se podrá iniciar o proseguir acciones judiciales sobre los activos (departamentos, casas, terrenos, etc.) a nombre de dicha entidad.
La acción sin embargo, sí permitirá el traspaso de activos al Banco Ecuatoriano de la Vivienda. “Los acreedores de la institución financiera enajenante de los activos excluidos no tendrán acción de derecho alguno contra adquirientes de dichos activos”, dijo la Corte a través de un comunicado de prensa.
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