La Interpol certificó ayer que el equipo de especialistas de la institución, en el que participaron 64 funcionarios provenientes de 15 países, no descubrió evidencias de modificación, alteración, adición o borrado en los archivos de las computadoras de “Raúl Reyes” encontradas por los militares colombianos tras el ataque al campamento clandestino de las FARC en territorio ecuatoriano.
Como es obvio, el análisis de la Interpol no se refiere al contenido de los discos duros, sino al hecho de que no se produjo adulteración de los archivos.
Es obvio también que por la sola referencia de que determinados hechos y afirmaciones consten en esos archivos no se convierten ipso facto en pruebas de la verdad de estos. Pero tampoco se los puede desechar sin más, restándoles validez.
Para el Ecuador, el pronunciamiento de Interpol solo evidencia una vez más la necesidad de cumplir sin dilaciones el compromiso que asumió el presidente de la República en la declaración de los presidentes en el Grupo de Río, refrendada por la resolución ulterior de la OEA: recibir la documentación ofrecida por el presidente Uribe que llegó a manos del Gobierno de Colombia luego de los hechos del 1.º de marzo pasado a fin de que las autoridades judiciales investiguen eventuales violaciones de la ley.
La investigación judicial independiente, acompañada por veedurías ciudadanas, no solo es una forma de honrar el compromiso con los presidentes del Grupo de Río sino de dar un necesario testimonio de transparencia al país.
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