Desde inicios del proceso de paz de Belisario Betancur hace más de un cuarto de siglo, el terreno de la mediación se sembró de oportunistas. Lagartos empeñados en salir en cuanto foto tomaran en Casa Verde con 'Tirofijo' -cuya muerte nos confirman las Fuerzas Militares-, lo mismo que aprovechadores que sacaron plata como intermediarios en casos de secuestro extorsivo. Los unos volvieron las mesas de diálogo escenario de un show que los guerrilleros usaron para todo menos para la paz. Los otros dispararon negocios que agravaron la guerra: cada vez que aseguraban una liberación a cambio de cientos o miles de millones de pesos, garantizaban las armas para los futuros secuestros.
Pero ha habido más. Periodistas -pocos, por fortuna- que torcían la información ligeramente a favor de la guerrilla para garantizar que esta les diera entrevistas exclusivas e imágenes en caliente de ataques o liberaciones. También, y no en pocos casos, retenciones de reporteros para enviar un mensaje del grupo armado, que en realidad eran paseos acordados entre los terroristas y el comunicador, de los cuales este regresaba con una chiva. Aparece ahora que, en un e-mail, 'Reyes' le pide a quien se supone es el periodista William Parra averiguar por unas armas.
En el campo político, los coqueteos con la guerrilla son de vieja data. Los pactos con los brazos electorales de las FARC y el Eln nacieron durante el Frente Nacional. El MRL de Alfonso López se alió con los cuadros de las FARC en el Sumapaz para sacar más votos. En los 80 y 90, otros hicieron lo propio en Urabá, Tolima, Valle, Cauca, Meta, Arauca y Caquetá. Muchos alcaldes y hasta gobernadores así elegidos repartieron el presupuesto tras concertar las diferentes partidas con la guerrilla.
¿Qué diferencia hay entre esto y los acuerdos criminales de políticos de Córdoba, Sucre, Antioquia y el Casanare con las Auc? No mucha. Es verdad que son escasos los datos de pactos entre políticos y guerrilleros para cometer una masacre. Pero está claro que cualquier acuerdo de un político con la guerrilla beneficia a las dos partes. Es decir que, además de ayudar al político, le ayuda a la guerrilla, que comete secuestros y masacres.
A todos estos asuntos decidió meterles muela el fiscal Mario Iguarán. Con la evidencia del computador de 'Raúl Reyes' avalada por la INTERPOL en cuanto a que no fue manipulada, abrió indagaciones contra un ex ministro, un periodista y varios dirigentes políticos regionales, y pidió a la Corte Suprema que investigue a tres congresistas, entre ellos la senadora Piedad Córdoba. Descalificar esta decisión con el argumento de que Iguarán pretende ayudar al Gobierno es olvidar que hace tres semanas metió a la cárcel al primo del Presidente de la República por 'parapolítica'. Decir que está empatando la partida son ganas de desconocer que cuenta con evidencia que, valga decirlo, no es el débil testimonio de testigos encarcelados, sino miles de archivos digitales del número dos de las FARC.
Algunos acusados aseguran que todo lo hicieron en aras del acuerdo humanitario. ¿Darles consejos a las FARC puede justificarse por esa causa? ¿Tiene sentido, por ejemplo, sugerirles que suelten a Íngrid y dejen a otros en cautiverio, para impulsar una candidatura presidencial? Más que consejo, me parece un crimen. Habrá que ver caso por caso, pero asesorar a un grupo criminal, aun si se hace sólo en el terreno de la negociación, la imagen y los comunicados, no deja de ser eso: asesorar a un grupo que comete secuestros y masacres. No hay que olvidar que la asesoría está inventada para que al asesorado le vaya mejor. Y si a las FARC les va mejor, a millones de colombianos que las han sufrido por décadas les va peor. No hay que darle más vueltas al asunto: salvo en el caso del abogado defensor, asesorar a un criminal es criminal.
Mauricio Vargas
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