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Actividades financieras serán un servicio de interés público delegable

Actividades financieras serán un servicio de interés público delegable

lunes 02 de junio de 2008, 03:19h

En el primer debate en la Asamblea Constituyente sobre la Política cambiaria, crediticia y financiera; de la Política Comercial; del Sistema Financiero y de los Sectores Estratégicos, Servicios y Empresas Públicas la asambleísta de Acuerdo País Betty Tola defendió la propuesta planteada por la Mesa No. 7 para hacer que el Sistema Financiero sea tomado en cuenta como un servicio público.

“La banca privada tiene un reto: dejar de lado la especulación y ponerse al servicio de la actividad productiva como debe ser” fue lo que destacó la asambleísta en la argumentación que presentó sobre este tema en el pleno de la Constituyente.

A esta propuesta se suma el criterio del cuidado,control y mayor beneficio que debe recibir el Estado y la ciudadanía de los recursos naturales, el manejo de los sectores estratégicos y de los servicios públicos.

Estos criterios recibieron el respaldo de las distintas tendencias políticas y se tomarán en cuenta para el segundo y definitivo debate del articulado propuesto.

A continuación la exposición de argumentos de la asambleísta Betty Tola:


EL SISTEMA FINANCIERO

Baste recordar el fraude bancario, que representó a la sociedad cerca de 10 mil millones de dólares de pérdida, para establecer la imperiosa necesidad de que el Estado, en representación de la sociedad, ejerza un suficiente y efectivo control sobre la Banca.

Por eso, tomando en cuenta que la estabilidad económica es un bien público, que la Banca trabaja mayoritariamente con recursos que no son propios y que el dinero cumple una función esencialmente social, estamos declarando a las actividades financieras como un servicio de interés público delegado.

No se trata de una estatización como se empieza a escuchar a banqueros y a algunos medios de comunicación vinculados a esos banqueros. No proponemos ninguna estatización sino un cambio fundamental en la comprensión del rol de la Banca. Los fondos que esas instituciones administran NO son suyos, son de la ciudadanía, de la sociedad, son por tanto PUBLICOS. Por eso el Estado tiene la obligación de regular y controlar la correcta gestión de esos recursos, de precautelar que se manejen con finalidad social y no solo con afanes rentistas individuales o corporativos.

No solo estamos dando más fuerza al rol de regulación del Estado, sino que buscamos que la sociedad, las personas, asumamos con claridad la soberanía sobre nuestros fondos; que fundemos juntos una nueva cultura sobre la gestión bancaria.

La banca honesta que busca contribuir al desarrollo del país, obteniendo a la vez una justa rentabilidad, no debe tener ningún temor. Esa banca no tendrá solo mejor control sino el respaldo para que desempeñe ese servicio que la sociedad les delega. La ciudadanía tampoco debe temer, más bien debe estar muy tranquila porque en adelante, bajo esta nueva constitución, los deslices de la Banca habrán terminado definitivamente.

Además, la Banca Pública va a ser fortalecida para aumentar su capacidad de corresponder a las demandas de la sociedad y para aportar a la democratización del crédito. Las múltiples formas de la economía popular recibirán en adelante respaldo estatal para que sigan generando y multiplicando el trabajo digno. Por eso, las formas solidarias de intermediación financiera recibirán un tratamiento preferencial siempre y cuando cumplan con su rol de fomentar la inclusión social, la igualdad.

Reconocimiento

La información presentada señala que 25 bancos privados controlan el 74% del mercado financiero nacional, y a su interior el 60-70% es controlado por el Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil y Produbanco, en tanto que 39 cooperativas copan el 7% del mercado, 3% las Mutualistas y 10% las instituciones públicas. Es decir estamos ante un alto nivel de concentración del sistema financiero.

Esta lógica contrasta con la cobertura de cada uno de los sectores que integran el sistema financiero tienen, pues según los datos presentados se informa que es la banca pública la que tiene mejor cobertura de crédito en el sector rural y de pequeños productores; así como el sistema cooperativo tiene una mayor cobertura en micro créditos, además, este segmento entrega créditos a quienes la banca privada considera NO sujetos de crédito; mujeres jefas de hogar, pequeños emprendimientos, jóvenes, pequeños productores campesinos/indígenas, entre otros.

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