Ecuador revirtió 1.138 concesiones mineras en todo el país

El Ministerio de Minas y Petróleos revirtió 1.138 concesiones mineras, por no cumplir con el pago de las patentes de conservación o por encontrarse en trámite a la fecha del mandato constituyente número 6.

De las licencias caducadas, 313 corresponden a las compañías mineras: All Metals Mineria, Atlas Moly S.A., Arias Eguiguren, Carlos Arturo, Dai Zhou Xiaohui, Ecuadorgold, Cia. Minera Mariana, Sierramin, Chanel Mining Resources, Elipe S.A. y Santa Barbara Copper and Gold.

Javier Cruz Plata, director ejecutivo de la Cámara de Minería del Ecuador, calificó al proceso de confiscatorio y que carece de sustento legal. Aclaró que con este tipo de medidas sólo se genera incertidumbre en los inversores y aumento del desempleo.
 
“Hay alrededor de 2000 empleados que quedaron sin empleo a causa de la paralización de las minerías”, afirmó Cruz. Y con ello, se suman otros problemas sociales como la migración, la desconfianza en el sistema y en cuerpo jurídico que provocan una contracción de las plazas de trabajo.

Para emprender la industria minera a gran escala es necesario contar con garantías para que los fondos del exterior inviertan en el Ecuador, argumentó Cruz y sostuvo que se necesita al menos 150 millones de dólares al mes para la producción de minerales.

La inversión hecha por las mineras extranjeras ronda los 400 millones de dólares y más de 2.000 millones de dólares no entraron al país, a raíz del mandato minero. Este capital era necesario para emprender los proyectos de IMC y IAM Gold, Aurelian, Euacorrientes.

La economía en base a este recurso se encuentra paralizada y el tiempo perdido ocasiona retrasos en los ingresos para el propio Estado, comentó Cruz. Quien aclaró que el sector minero aportaría con 1.900 millones de dólares sólo en impuestos, más otros gastos que generan productividad en el sistema.

Galo Chiriboga afirmó que la iniciativa del gobierno es emprender la actividad minera pero de una manera responsable con el medio ambiente y con las comunidades que se vieran afectadas, por lo que la consulta previa seguirá siendo parte del proceso.

Ante esto, Cruz opinó que las empresas que mejor pueden proteger el ecosistema, son las extranjeras que proceden con altos reglamentos de calidad y poseen la tecnología necesaria para realizarlo. El país no cuenta ni con los recursos tecnológicos ni financieros ni el capital humano para sostener una minería a gran escala.