viernes 20 de junio de 2008, 05:47h
Una ola reaccionaria y xenófoba se ha entendido sobre toda Europa, con la aprobación en el Parlamento Europeo de una norma denominada la Directiva del Retorno, en contra de inmigrantes indocumentados.
La norma aprobaba por una mayoría de parlamentarios conservadores, nacionalistas e inclusive algunos socialistas españoles, tiene particularidades que afectan principios básicos de la convivencia pacífica entre los seres humanos y los derechos de las personas protegidos por diversos Convenios Internacionales que se encuentran en plena vigencia en toda Europa y el mundo.
El Parlamento Europeo con su decisión está criminalizando la inmigración que tiene causas ajenas al crimen. Infelizmente no toma debida nota de las motivaciones estructurales a la masiva migración, que encuentra sus causas en las imposiciones perversas de modelos económicos y políticos que han pronunciado los niveles de pobreza y desempleo al límite de la vergüenza, en los países, sobre todo, latinoamericanos que los ha convertido en expulsores de su más importante patrimonio con el que cuentan el ser humano.
Esta tarea se ejecuta con la abierta complicidad de los gobiernos que en lugar de implementar políticas de empleo y de lucha abierta contra la pobreza, se han dado a la tarea de contribuir a la migración de sus connacionales, con la aplicación de estrategias equívocas destinadas a profundizar el odio, la confrontación y la desagregación social.
De ahí que el desprotegimiento del ser humano por su propio estado y por aquellos a los que se dirige en busca de mejores oportunidades ya es extremo.
A estas alturas el respeto y protección de los derechos fundamentales de la persona como el derecho a una vida digna, a un trabajo seguro para el sustento de los suyos, a la libertad de tránsito o a la familia, empieza a ser algo extraño y molesto para los gobiernos, que prefieren o hacer de la vista gorda ante las vulneraciones evidentes o a emitir mensajes demagógicos solo para tranquilizar a la opinión pública, porque en los hechos y de manera efectiva no mueven un dedo en defensa de sus ciudadanos.
La Directiva del Retorno incorpora medidas indignas, tales como la capacidad de los estados europeos de retener a los inmigrantes ilegales hasta por 18 meses mientras se tramita su repatriación, sin la intervención de autoridades judiciales o en el caso de menores indocumentados sin familia éstos podrán ser deportados a terceros países con los que no tienen relación alguna.
Ante semejante decisión, es el mundo entero que debe reaccionar y recordar a Europa que Latinoamérica, en particular, nunca dejó de ser solidaria con sus migrantes que por razones del odio racial, guerra, hambre o pobreza tuvieron que dejar sus países de origen y fueron recibidos con los brazos abiertos en nuestros países, en una muestra inequívoca de solidaridad y respeto por el ser humano.
Que pena que nuestro gobierno recién quiera analizar los alcances de la Directiva del Retorno y no hubiese asumido con anticipación acciones diplomáticas, de lobby y gestión directa ante los gobiernos y parlamentarios europeos para advertirles de los graves efectos que puede tener una norma de semejante alcance.
Mientras tanto todos los ciudadanos de a pie deberemos expresar nuestra protesta por diferentes medio y mostrar solidaridad con nuestros hermanos inmigrantes que serán sometidos a una norma atentatoria de sus más elementales derechos.
Sucre, 19 de junio de 2008