La Dirección General Guardia Civil tiene "a punto" otros 30 expedientes, según la AUGC

En una rueda de prensa junto a los dos expedientados por estos hechos -el secretario general y el portavoz de la AUGC, Joan Miquel Perpinyá y Juan Antonio Delgado- Carrillo calificó de gravísima la situación creada con estos expedientes con los que, señaló, se pretende acallar la voz de los guardias civiles e ilegalizar esta asociación. Además, los responsables de la AUGC, que celebra este sábado una asamblea general extraordinaria, anunciaron que la próxima semana se reunirán con representantes del resto de las asociaciones que les han expresado su apoyo para decidir las acciones que vayan a emprender.

La Dirección General de la Guardia Civil abrió este viernes un expediente por falta muy grave a los dos dirigentes de la AUGC que pueden ser sancionados, de apreciarse la existencia de alguna infracción al régimen disciplinario, con la separación del servicio, pérdida de puesto en el escalafón o suspensión de empleo.

Perpinyá y Delgado han sido expedientados a consecuencia de la manifestación en la que participaron unas 13.000 personas -entre ellas tres mil agentes de uniforme-, para reclamar la modernización y desmilitarización del instituto armado. El secretario general de la asociación indicó que no han cometido "ningún ilícito penal ni de cualquier tipo" y explicó que su antecesor en el cargo -Fernando Carrillo- sería el encargado de hacer las valoraciones en la rueda de prensa por no estar ya sujeto "a las restricciones de derecho" que padecen ellos, "al igual que el resto de guardias civiles en este país".

Carrillo señaló que el expediente todavía no se le ha notificado a Delgado y consideró "un error gravísimo" que la Administración "haya filtrado oficialmente" el asunto sin comunicárselo al afectado. "Nos enfrentamos a un expediente disciplinario a la AUGC", sostuvo Carrillo, quien se mostró convencido, a la vista del contenido del mismo, de que "hay una clara voluntad de acabar con el asociacionismo en la Guardia Civil", de "perseguir a representantes de una asociación legalmente constituida" e indirectamente a sus 25.000 afiliados.

Sucumbir a las presiones
Para el ex responsable de la AUGC, el Gobierno "ha sucumbido a las presiones de los generales de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas". Expresó su tristeza "porque la preocupación de los generales de la Guardia Civil sea derivar medios y personal para investigar las actividades" de esta asociación y que, mientras, "ocurran cosas tan tristes como que 19 personas pertenecientes a una organización terrorista como es Segi se escapen".

Destacó la similitud entre la situación en la Guardia Civil y la de las Fuerzas Armadas, con el arresto del presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el brigada Jorge Bravo, con lo que, dijo, se pretende cercenar los movimientos asociativos en estas instituciones. El ex responsable de la AUGC acusó al PSOE de incumplir sus compromisos electorales y dijo que tres mil guardias civiles no se concentraron uniformados "por capricho", sino porque están "desesperados" y porque el Gobierno "no ha dejado otra salida". Tras reiterar sus demandas, emplazó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a que "dé un paso al diálogo".