La propuesta, sustentada por el canciller peruano José Antonio García Belaunde, dispone instruir al Secretario General de la OEA para que acompañe a la mayor brevedad posible al mencionado grupo de trabajo, el cual deberá reforzar la solidaridad y el diálogo interinstitucionales y birregionales para lograr sus objetivos.
Durante su presentación García Belaunde sostuvo que algunas directivas de la Ley del Retorno han provocado preocupación y rechazo generalizados entre los países latinoamericanos, por lo que consideró que la misión de alto nivel debe actuar antes de que la Ley del Retorno sea incorporada en las legislaciones nacionales de los países pertenecientes a la Comunidad Europea.
“La directiva del retorno podría promover un endurecimiento de las legislaciones de Estados más flexibles y avanzadas (…) Estamos frente a un caso de afectación de los derechos humanos de los inmigrantes”, manifestó.
Esto, porque promueve la detención de migrantes ilegales, tan sólo con una orden administrativa, en centros penitenciarios ordinarios y por un periodo que puede extenderse hasta 18 meses.
En ese sentido, saludó al Gobierno español por su decisión de no alterar su política migratoria y no aplicar dicho dispositivo, que afectaría a unos ocho millones de personas en el mundo.
A pedido de Panamá, la moción fue respaldada con el voto unánime de todos los asistentes al Consejo Permanente, quienes la consideraron "justa".
El canciller peruano se presentó ante el Consejo Permanente de la OEA junto a su par de Colombia, Fernando Araújo; y los viceministros de Relaciones Exteriores de Paraguay, Antonio Rivas; y de México, Lourdes Aranda; en busca de un pronunciamiento de la OEA sobre la Ley del Retorno.
Inclusive, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, insistió en la necesidad de ir a un diálogo franco y directo con sus pares de la Eurocámara, a fin de lograr cambios en la mencionada norma.
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