El gobierno reemplazará la ley reservada del cobre del período de Pinochet

El Gobierno chileno sustituirá con planes estratégicos de defensa cuatrienales la llamada "ley reservada del cobre", una anacrónica norma de la dictadura que otorgaba fuertes asignaciones de recursos a las Fuerzas Armadas por vía extraparlamentaria.

"Es una anomalía que un presupuesto tenga una excepción relacionada con un tratamiento hermético de asignación de recursos que no son discutidos en el Parlamento", dijo a Efe el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, quien lleva un año trabajando en la elaboración del nuevo proyecto.

El proyecto de ley, en cuyo borrador trabajan actualmente las secretarías (ministerios) de Defensa y Hacienda, será enviado al Parlamento en un plazo máximo de dos meses y el Gobierno confía en que esté aprobado este año, con el apoyo incluso de la oposición derechista.

"Cuando se concibió este mecanismo había razones que lo explicaban; sin embargo, con el paso del tiempo ha ido quedando como un elemento retrógrado en la asignación de recursos", argumentó el subsecretario Vergara.

En virtud de la llamada "ley reservada del cobre", creada durante el régimen militar del general Augusto Pinochet (1973-1990), las Fuerzas Armadas reciben cada año un diez por ciento de las ventas brutas de la empresa pública Corporación del Cobre (Codelco), la mayor productora mundial del "metal rojo".

Esta asignación -que no figura en el presupuesto del Estado chileno y, por lo tanto, escapa a la discusión pública en el Parlamento- otorga recursos a las Fuerzas Armadas que ascendieron a 1.390 millones de dólares el año pasado, cuando Codelco obtuvo un beneficio neto de 8.451 millones de dólares.

La dirección de Codelco está en desacuerdo con que la compañía tuviera que financiar el gasto militar y venía pidiendo que esos recursos se destinaran a proyectos e inversiones para mejorar su actividad.

"Es una traba cuya derogación ayudaría a nuestro funcionamiento como empresa", declaró recientemente el presidente ejecutivo de la empresa, José Pablo Arellano.

Y también el Gobierno de Michelle Bachelet, quien en 2002 fue la primera mujer ministra de Defensa en Chile y en América Latina, buscaba desde hace tiempo una alternativa para un esquema de financiación surgido de la dictadura militar.

El subsecretario Vergara admitió que la ley surgida de la dictadura era "muy cómoda para las Fuerzas Armadas", porque les garantizaba sólidos recursos. "Pero hemos llegado a un momento del desarrollo democrático que nos permite pensar en un mecanismo alternativo", puntualizó.