Los países de la OEA han expresado su preocupación por leyes y medidas adoptadas por la Unión Europea en relación con los migrantes. Una misión especial del organismo hemisférico visitará la Unión Europea por la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 8 de junio, tanto para recibir información sobre sus implicaciones como para buscar "soluciones prácticas, a través del diálogo, a las inquietudes expresadas por algunos estados miembros".
El Grupo de Río, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosusor han expresado su rechazo a esa Directiva. Al mismo tiempo, un buen número de mandatarios ha expresado su condena. En realidad, contemplar hasta 18 meses de detención en los centros de internación para los inmigrantes sin papeles o la posibilidad de repatriar a menores de edad sin sus padres son disposiciones que lesionan los derechos humanos básicos y contradicen la mejor tradición que ha admirado a América Latina en Europa.
La Directiva muestra una tendencia policial y restrictiva que no toca el fondo del problema de la migración, en el que cuenta una compleja problemática económica y social. No se conoce con exactitud el número de inmigrantes sin papeles en la UE, pero es evidente que un alto porcentaje de ellos proviene de América Latina.
Es paradójico que la región que, en otros momentos, ha recibido con más amplitud y generosidad inmigración europea, ahora se halle ante una legislación con tendencia a criminalizar a los migrantes.
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