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Mayoría Constituyente defiende los últimos artículos aprobados

Mayoría Constituyente defiende los últimos artículos aprobados

De “dictatorial” calificaron  los asambleístas de la minoría, el articulado relacionado con la Función Ejecutiva, que en la nueva Constitución le da al Presidente la capacidad legislativa. Pero la mayoría defendió los cambios.

En un análisis semanal, el diario ecuatoriano La Hora analizó el trabajo de la última semana en la Cosntituyente.

Entre los 19 artículos que estuvieron en debate definitivo, se incluye que el Presidente pueda disolver el Legislativo cuando, a su juicio, se hubiera arrogado funciones (previo dictamen de la Corte Constitucional), por obstruir el Plan de Desarrollo o por crisis política y conmoción interna.

Esto lo podrá hacer una sola vez y durante los tres primeros años de Gobierno.

Además conllevará a que se anticipen las elecciones presidenciales y legislativas.

Mientras, el Presidente "podrá, previo dictamen favorable de constitucionalidad de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo", se cita en los textos que serían aprobados definitivamente en los próximos días.
 

La propuesta
Función Ejecutiva


-  Se plantea que el Presidente de la República sea reelegido por una sola vez. Actualmente esto es permitido, pero no en periodos consecutivos.

-  El Legislativo podrá destituir al Presidente por juicio político, por incapacidad metal o física certificada por una comisión de médicos, según la Ley y con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes.

-  Con la misma votación se podrá declarar el abandono del cargo, pero previamente se requerirá la comprobación de la Corte Constitucional. También se incluye la revocatoria del mandato para el Primer Mandatario.

Impopularidad afecta a la Asamblea
El deterioro de la imagen de la Asamblea es evidente. No sólo lo dicen las encuestas, la gente en la calle propone “pensar bien” antes de votar por “eso que se convirtió en lo mismo que el Congreso”.

Así lo dice Roberto Avilés, propietario de un taxi amigo que, pese a haber votado por el presidente Rafael Correa, comienza a sentirse “decepcionado”.

“Si se aprueba la nueva Constitución, nos reconocerán legalmente para trabajar sin problemas, pero hay que pensar bien porque hay otras cosas que no me gustan”.

¿Cómo qué? Según dice: “parece que lo que están aprobando dividirá al país.

Además se está haciendo todo a la velocidad y a última hora”.
Las últimas reuniones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) lo “defraudaron”, según cuenta Roberto Avilés.

“Todo lo tienen preparado y Correa es el que manda ahí y por eso se fue Acosta”, enfatiza. El ciudadano se refería a las reuniones de la semana que culmina en la que, bajo la conducción del nuevo presidente de la ANC Fernando Cordero, se aprobaron maratónicamente 37 artículos.

Habrá Constitución
El analista y catedrático Simón Pachano dijo a La Hora que se cumplirá lo que estaba previsto: “la Asamblea redactará una Constitución de mala calidad”.

Los asambleístas de oposición lo ratifican. Vicente Taiano, del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), señaló que la mayoría gobiernista “abortará una Constitución al apuro, a la carrera, al galope. Es preferible ser más sincero y sacar lo que tienen hecho, y decir aquí está y se acabó”.

Se cuestiona que en siete meses se hayan debatido y aprobado 57 artículos y en una sola tarde, el grupo de “alza manos” aprobó esta semana 37 artículos de textos que aparecen en las mesas “en paquete”.

El reclamo de la oposición llevó al independiente Carlos Estévez a coserse la boca para reclamar el uso de la palabra al presidente Cordero.

El jefe de la bancada gobiernista de Acuerdo País defiende la “velocidad” de las últimas aprobaciones, justificando que en las diferentes mesas constituyentes se han conceptualizado los temas en base a debates externos e internos que dejaron textos suficientemente debatidos para “garantizar una Constitución incluyente”.

Renuncia costosa
Los directivos de Acuerdo País han reconocido que la renuncia irrevocable de Alberto Acosta tuvo costo para la imagen de la Asamblea, aunque en un discurso público el presidente Correa señaló que nadie es “imprescindible”.

Acosta denunció sutilmente la injerencia del buró político de Alianza País y la falta de apoyo que recibió de su bloque. Subió a su blog la frase: “cuando el maestro se muere y el amigo parte para siempre; cuando el amigo se cansa del amigo; cuando el amigo ya no comprende al amigo, la amistad es el más trágico de los dolores”.

Entre esta subliminal controversia, el sector indígena acusó que la salida de Acosta es "producto de la permanente presión e injerencia desmedida por parte del Ejecutivo, que no ha respetado los plenos poderes y autonomía de la Asamblea".

Para el asambleísta Leonardo Viteri, "esto es lo que ha destapado la olla de grillos, y eso ha precipitado la renuncia de Alberto Acosta, porque él no está de acuerdo con presentar una Constitución al apuro".

Simón Pachano cree que la salida de Acosta afecta más a la Asamblea, aunque la gente siga apoyando a Correa y las consecuencias se reflejarán en la decisión popular del referendo, que según el analista es de “pronóstico reservado”.

“Yo no me atrevería a decir, como lo hice hace tres semanas, que el ‘sí’ ganará porque se veía que ese resultado estará ligado a la popularidad del presidente Correa; pero ahora ya no es así, la gente hace una diferenciación entre el apoyo a Rafael Correa y el voto por la Constitución”, afirma Pachano.

El analista considera que mucha gente votará nulo y eso matemáticamente, significa apoyar al ‘no’ porque los blancos y nulos se suman a los ‘no’, entonces el efecto es el mismo, con lo que se pone en riesgo el proyecto político del presidente Correa.

Pachano denuncia que tal es el nerviosismo que “hay gente en el Gobierno que está planteando una jugada ilegal y tramposa que sería ir a una segunda vuelta solamente entre votos válidos; es decir entre el  ‘sí’ o el ‘no’. “Esto perjudicaría mucho más al presidente y a la Constitución, ya que le quitaría toda legitimidad al cambiar las reglas del juego”, apostilló.

Abandonar la ANC
A la declaración de guerra de la oposición por defender la democracia, otros sectores ya hablan de sacar a sus representantes de la Asamblea. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue la primera.

El dirigente de Pachakutik, Jorge Guamán, dijo a La Hora que no descarta que se retire a sus cinco asambleístas en caso de que la mayoría no apruebe las dos exigencias de su sector: la plurinacionalidad y el consentimiento previo.

Otra decepcionada es la asambleísta del gobierno Tatiana Hidrovo que defiende la autonomía para la provincia de Manabí y no recibió el apoyo de sus coidearios.

El sector evangélico pidió a Balerio Estacio y Mario Játiva, quienes profesan esa religión, a abandonar sus curules luego que se conoció que en el articulado sobre los derechos de la familia se propone, para segundo debate: “la unión de hecho de una pareja libre de vínculo matrimonial, bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las uniones constituidas mediante matrimonio”, sin especificar tácitamente si es entre hombre y mujer como lo exigen.

Voto controvertido
Los analistas tampoco dejan de cuestionar los últimos textos constitucionales aprobados que se enfocan al clientelismo político, como el voto, facultativo, para los jóvenes desde los 16 años, lo que incluirá en el padrón a un millón más de votantes.

La asambleísta Soledad Vela defendió la decisión bajo el argumento de que los jóvenes y adolescentes tienen la capacidad de expresar su criterio político. “Son nuestros fiscalizadores, también serán los que nos pidan cuentas por lo que hacemos y dejamos de hacer, y por lo tanto se les debe reconocer  la capacidad de decidir con su voto democrático”.

También podrán votar cerca de 40 mil uniformados, pertenecientes a las filas militares y policiales, luego de que también se aprobó el voto facultativo para este sector,  al igual que para los extranjeros que residan en el país por un mínimo de cinco años y para los ciudadanos privados de su libertad sin sentencia ejecutoriada.

Pasan temas polémicos
La mayoría ha aprobado artículos considerados polémicos. Para el “buen vivir” forman parte 24 artículos y dos disposiciones transitorias.

En esta sección se establece que “los individuos, las colectividades podrán ejercer su derecho a la resistencia frente a las acciones, omisiones y políticas del poder público y frente a las personas naturales o jurídicas no estatales, que vulneren y/o atenten sus derechos consagrados en la Constitución”.

En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por sus autoridades electas, representantes del régimen dependiente y de la sociedad, del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidos por principios democráticos.

La participación en estas instancias se ejerce para elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo, elaborar presupuestos participativos de los gobiernos, garantizar la democracia, rendición de cuentas, impulsar procesos comunicacionales democráticos e independientes y promover la formación ciudadana.

Las sesiones de los gobiernos seccionales autónomos son públicas y en ellas existe la silla vacía que ocupará un representante ciudadano de acuerdo a los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y la toma de decisiones mediante el voto que no será decisivo.

Los ecuatorianos y ecuatorianas, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual o colectiva, pueden presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley.

La Consulta Popular
Sobre la Consulta se decidió que ésta sea convocada por el Presidente de la República, por los gobiernos seccionales autónomos, y por iniciativa ciudadana.

El presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre el o los temas que estime convenientes. Los gobiernos seccionales autónomos, con la decisión de al menos las tres cuartas partes de sus integrantes, sobre temas de interés de su jurisdicción y la ciudadanía podrá sobre cualquier tema.

Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio deberá contar con el respaldo de al menos el cinco por ciento (5%) de ciudadanos inscritos en el registro electoral; cuando sea de carácter local el respaldo será de al menos el diez por ciento.

Las consultas populares solicitadas por los gobiernos seccionales o por la ciudadanía no podrán referirse a temas relativos a tributos o a la organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. En todos los casos, deberá existir el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la o las preguntas propuestas.

Revocatoria del mandato
Los ciudadanos y las ciudadanas en ejercicio de los derechos políticos podrán revocar el mandato a los dignatarios de elección popular.

La petición de revocatoria del mandato podrá formularse cumplido el primero y antes del último año del período para el que fue electo el dignatario cuestionado.

La petición de revocatoria del mandato deberá contar con el respaldo de al menos el diez por ciento (10%) de ciudadanos y ciudadanas inscritos en el registro electoral correspondiente.

Para el caso del Presidente de la República se requiere el respaldo del quince por ciento (15%) de inscritos del registro electoral. Durante el período de gestión de un dignatario sólo podrá realizarse un proceso de revocatoria del mandato.

La reelección va
Según el artículo 21 de los  derechos y organización política del país, de aprobarse la nueva Constitución, los dignatarios de elección popular podrán ser reelectos por una sola vez, ya sea consecutiva o no, de conformidad con la ley.
Los dignatarios de elección popular que se postulen para una dignidad diferente a la que ostentan deben renunciar al cargo que desempeñan.

Reinscripción de partidos
Según la disposición transitoria aprobada por el pleno de la Constituyente, todos los partidos y movimientos políticos deben reinscribirse en el Consejo Nacional Electoral. 

Podrán conservar sus nombres, símbolos y número, y deben presentar su declaración de principios ideológicos, programa de gobierno, estatuto, etc. y contar con organización nacional, la que deberá extenderse al menos al cincuenta por ciento de las provincias del país, dos de las cuales deben corresponder a las tres de mayor población; y el registro de afiliados no menor al uno punto cinco por ciento (1.5%) del Registro Electoral utilizado en el último proceso electoral.

La propiedad
Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sostenible del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por causa de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley.

Se prohíbe la confiscación.

Nuevo nombramiento de jueces
Las advertencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la oposición sobre la intencionalidad de la mayoría gobiernista para “meterle la mano” a la Función Judicial, se hizo efectiva.

El asambleísta Leonardo Viteri inclusive denunció que  el nombramiento de César Rodríguez como segundo vicepresidente de la ANC era para efectivizar “la ley guillotina” que pretendía tumbar a la CSJ.

Una transitoria sobre la Función Judicial fue aprobada esta semana, mediante la cual se estipulan plazos, a partir del pronunciamiento  ciudadano en el referendo, para nombrar a reemplazos de los actuales magistrados de lo que en adelante se llamará Corte Nacional de Justicia,  mediante un proceso de selección.

El texto aprobado contempla que los miembros del CNJ serán prorrogados por 60 días; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por 120 días y los ministros jueces, notarios y registradores, por 180 días.

En estos plazos  se llevará a cabo el nuevo proceso de selección y designación con las reglas y requisitos establecidos en la nueva Constitución y mediante un  proceso de selección, que según se debate,  lo realizarán comisiones ciudadanas de selección. Estos organismos estarán representados por un miembro de cada función del Estado, más igual número de personas de grupos ciudadanos.

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