Maite Pagaza pide "cambios legales" para evitar la "tortura" de que un terrorista pueda "convivir" con sus víctimas

Según informó hoy el diario 'El Mundo', De Juana residirá en la vivienda de su madre en San Sebastián, a tan sólo dos portales de la madre de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y en la misma calle en la que viven las viudas Isabel Bastida, María Teresa Embid y Estíbaliz Garmendia, y Julio I.Zamora, que estuvo secuestrado 116 días por la banda.

Esta situación, explicó Pagazartundua, supone "una nueva condena para toda la vida" para las víctimas de ETA, para quienes es "la misma tortura" ser vecinos de cualquier miembro de la organización terrorista. "Es como si fuera el que asesinó a tu padre o a tu hermano. Es espantoso", afirmó.

Por ello, cree que si queremos "ser una sociedad respetable del siglo XXI" no puede "asumir con normalidad algo tan anormal". "Se nos debería caer la cara de vergüenza a todos", indicó Pagazartundua, para quien esto forma parte de "la misma cosa" que "el mantenimiento de los nombres de las calles dedicadas a los terroristas".

De esta manera, defendió la necesidad de llevar a cabo cambios en la legislación para que cuando un terrorista "sea del terrorismo que sea, del yihadista o del de ETA" cumpla su condena "no pueda convivir" en la misma localidad que "las víctimas de su organización terrorista". "Necesitamos el apoyo de las leyes", apostilló.

Para Pagazartandua, apoyar a las víctimas "no es juntarse una vez al año, como hace el lehandakari", mientras "mantiene las ayudas a los familiares de los presos". A su juicio, hace falta "un liderazgo serio" que lleve también a "acabar con el adoctrinamiento de chavales de ocho años", que contemple "planes transversales" para la escuela vasca.

LEY DE VÍCTIMAS

De hecho, la presidenta de la Fundación de Víctimas explicó que pedirá al Gobierno que la Ley de Víctimas que está preparando contemple que los fondos y el patrimonio confiscado a los etarras y a sus organizaciones afines se dedique a deslegitimar la cultura del fanatismo y la violencia.

Explicó que, aunque aún no ha mantenido ninguna reunión con el Ejecutivo, prevé tener "pronto" una "reunión de alto nivel" para lo que la Fundación ya está preparando "todas las propuestas técnicas que nos parecen más convenientes".

Aunque explicó que todavía no tienen "el grueso de las propuestas redactado de forma definitiva", sí adelantó algunas de las propuestas que considera necesario incluir en esa Ley de Víctimas. Así, considera que sería una "muy buena idea" que "aquellos patrimonios que sean confiscados a los etarras y a sus organizaciones adyacentes, una parte importante se dedique precisamente a deslegitimar esa cultura del fanatismo, de la violencia, a eliminar todos los rasgos de impunidad que existen en la sociedad".

También considera que parte de ese dinero se podría destinar a "apoyar a las asociaciones gracias a cuyo trabajo" se están conociendo situaciones como el hecho de que haya calles con nombres de etarras, para que sigan "adelante en la desmaterialización de esa cultura de la impunidad en la que estamos viviendo todavía".

Al ser preguntada si lo que plantea es algo parecido a lo que se hizo en su momento con el patrimonio que se incautaba a los narcotraficantes y se destinaba a la rehabilitación de toxicómanos y a prevenir el consumo de drogas, respondió: "Efectivamente".

En este sentido, añadió que "del mismo modo que párrafos de la Ley de Memoria Histórica, cambiados, podrían servir para quitar placas --con nombres de etarras--, párrafos de lo que se refiere a la incautación de patrimonio de los traficantes podría ser cambiado para tener fondos para la lucha contra esa impunidad ambiental y para apoyar directamente a víctimas que lo necesitan".

DESIGUALDAD EN LAS INDEMNIZACIONES

Otra de las cuestiones que considera importantes para tener en cuenta en esta Ley de Víctimas es la "desigualdad" sobre las indemnizaciones a las víctimas que se produce en las sentencias, por lo que propone fijar mínimos y máximos. Así, explicó que "no son para nada iguales unas sentencias y otras en el sentido de las indemnizaciones y de alguna mantera tendríamos que intentar marcar mínimos y máximos para que no se den tantas divergencias como se dan actualmente".

Además, considera que "hay un asunto muy complicado de resolver", que también tendría que buscar una solución en la Ley de Víctimas y  que se refiere a las "circunstancias de acoso y persecución que en algunos colectivos generan consecuencias invalidantes". Se trata, dijo, del "stress post-traumático" en algunos colectivos como policía local, ertzaintza, guardia civil, policía nacional e incluso "algunas personas especialmente conseguidas como concejales".

En el caso de las personas que están perseguidas y se ven obligadas a vivir en otros lugares, Maite Pagaza considera que, como la "casuística es tan particular", lo "oportuno" sería que haya "instrumentos para poder evaluar cada caso" y con una "complementariedad" entre la actuación de la administración y la de la asociación de víctimas del terrorismo. En cualquier caso y debido a la gran casuística, considera que "no es una Ley fácil" de hacer.

UTILIZACION PERVERSA DE RECURSOS PUBLICOS

Por otra parte, la presidenta de la Fundación también se refirió a las ayudas públicas que da el Gobierno vasco y muchos ayuntamientos a las familias de los presos de ETA para precisar que, para acabar con ello, primero tendría que haber un "cambio de mentalidad en una parte importante de la opinión pública vasca", ya que, dijo, lo que hay es una "falsa idea de humanitarismo detrás de estas ayudas".

"Destinar fondos públicos para organizaciones o personas que no sólo apoyan al delincuente, sino que apoyan el delito, que elogian esa actividad del terrorismo es una mala perversa utilización de los recursos públicos", remachó.

En este sentido, explicó que las personas a las que se ayuda sirven para "retroalimentar la cultura del terrorismo". No obstante, considera muy difícil cambiar esa "mentalidad" porque el Gobierno vasco está a "mil años luz de lo que necesitaríamos".

ACUDIR A LA JUSTICIA EN CASO DE EXTORSION

En cuanto a las detenciones de empresarios por parte de la Guardia Civil que se han producido en las últimas semanas y al ser preguntada si esto servirá para desincentivar a otros de que paguen la extorsión a ETA, respondió que no lo sabe porque "el papel de los posibles extorsionados es muy complicado desde el punto de vista humano".

Cree que una forma de minimizar sus riesgos es "acudir a la Justicia y pedir protección" como hacen otras personas para "poder seguir en el día a día mientras conseguimos terminar con la amenaza del fanatismo etarra".

No obstante, explicó que los empresarios vascos "sufren en silencio la extorsión porque, si se dan a conocer, su situación todavía se vuelve más problemática". Admitió que, "desde el punto de vista humano" es una situación "muy, muy complicada" porque los terroristas utilizan "técnicas amenazadoras especialmente crueles, como es dar datos a cerca de sus propias familias y, por tanto, hacerles ver que pueden hacerles daño a ellos o a sus seres queridos".

Las asociaciones de víctimas se unen

Las asociaciones de víctimas exigieron también este domingo medidas al respecto, mientras desde UPyD se pide que la Ley de Víctimas proteja a los familiares de situaciones de esta índole. Para el presidente de la AVT, José Antonio García Casquero, pidió a la Fiscalía que actúe y evite a través de una orden de alejamiento que miembros de ETA "se crucen todos los días por la calle" con viudas y huérfanos de asesinados.

Por su parte, el Foro de Ermua criticó la futura residencia de De Juana en boca de su vicepresidenta, Inma Castilla de Cortázar. Así, reprochó que el Ejecutivo central hable de "firmeza" contra ETA y al mismo tiempo "tolere" situaciones de este tipo. "Falta determinación para derrotar a ETA y no ceder al nacionalismo vasco".

Para el presidente del Foro, Iñaki Ezquerra, "debería haber sido suficiente con el caso de Pilar Elías", en referencia a la cristalería que regenta el etarra Cándido Azpiazu en el mismo edificio que la viuda de su víctima, Ramón Baglietto.

LEY DE VÍCTIMAS

Para UPyD, la solución al conflicto pasa por una mención al respecto en la Ley de Víctimas. Así lo señaló la diputada de esta formación, Rosa Díez, quien incidió en que "la ley está para hacer justicia" y "adaptarse a las circunstancias". A su entender, resulta un "agravio" que De Juana se convierta en vecinos de las víctimas, ya que sería "un dolor insoportable" para ellas. "No podemos permitir que vuelvan a hacer sufrir a estas personas", sentenció, especialmente porque De Juana Chaos no se ha arrepentido de los 25 asesinatos que la Justicia le achaca.