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Futuro estadio del Valencia C.F.

EU-Entesa dice que la permuta de la avenida de las Cortes para edificar el nuevo Mestalla es "ilegal"

Expropietarios afectados por el PAI de Ademuz estudian constituir una asociación

La concejala del grupo municipal de EU-Entesa en el Ayuntamiento de Valencia, Victoria González, afirmó este miércoles que la permuta que el Consistorio prevé realizar con el Valencia del solar de la avenida de las Cortes Valencianas para la construcción del nuevo estadio "es ilegal" y aseguró que su partido llegará "hasta las últimas consecuencias" si ésta se lleva a cabo. Asimismo, calculó que el Ayuntamiento tendría pagar unos 250 millones de euros en indemnizaciones si todos los expropietarios afectados por el PAI de Ademuz --que incluye la citada parcela-- pidiesen una indemnización por la recalificación de los terrenos.
González se expresó en estos términos en una rueda de prensa ofrecida este miércoles para analizar la recalificación de la parcela de las Cortes Valencianas para la construcción del nuevo coliseo valencianista, en la que también intervino una expropietaria de una alquería afectada por el PAI de Ademuz, Rosario Valls, quien anunció que barajan la posibilidad de constituir una asociación de antiguos dueños de terrenos de l'Horta de Benicalap, afectados por esta actuación.

La concejala de EU-Entesa insistió en que al recalificar estos terrenos, al Ayuntamiento le costaría 250 millones de euros pagar a todos los afectados por el PAI de Ademuz, si estos pidiesen la indemnización "a la que tienen derecho", matizó. En este sentido, criticó que "es un precio demasiado alto que todos los ciudadanos tendríamos que pagar para que los únicos beneficiarios sean los dueños del Valencia".

González recordó que el solar sobre el que se planea construir el nuevo estadio del Valencia fue cedido al Ayuntamiento por gestión urbanística del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Ademuz para la utilización de servicios públicos. Así, explicó que "los propietarios tienen derecho a pedir una indemnización porque la edificabilidad del PAI y por lo tanto las cargas urbanísticas se modifican al realizar la recalificación de suelo público a suelo deportivo privado".

Por su parte, Rosario Valls aseveró que entre las acciones que valoran llevar a cabo una vez se constituya la asociación de antiguos propietarios está "la presentación de un contencioso administrativo contra la recalificación de los terrenos" que harían "conjuntamente con partidos políticos y movimientos sociales que ya han anunciado que lo harán", apuntó.

Respecto a la propuesta del conseller de Territorio y Vivienda, Estaban González Pons, para que las plusvalías que generan las reclasificaciones de terrenos repercutan y se repartan, de forma proporcional, entre los propietarios de suelo de los últimos 25 años, pidió "que tengan carácter retroactivo" porque "pedimos una indemnización, que se haga justicia", remarcó.

Valls contó cómo perdió, en el año 2000, la alquería familiar que se encontraba en el solar de las Cortes Valencianas, cuando se procedió a la reparcelación forzosa de esos terrenos por el PAI de Ademuz. Al respecto, resaltó lo "curioso" que le resulta que "quien fue redactor del PGOU de Valencia y, en aquel momento, arquitecto del agente urbanizador, Alejandro Escribano, valoró su propiedad en unos 11 millones de pesetas", mientras "el Colegio de Arquitectos y la Administración reconocieron que costaba más de 34 millones". Así,  señaló que "casualmente", hoy en día, Escribano "es el arquitecto asesor del Valencia S.A.D.", algo que "no me parece ético", aseveró.

La expropietaria de la alquería del Barbut, afirmó que en la primavera de 2001, "los vecinos tenían entendido que en el citado solar se construiría un polideportivo donde el club de fútbol de Benicalap pudiera disputar partidos y que el barrio tendría los equipamientos de los que carecía". "Pero mi familia sabía que ese polideportivo no se construiría nunca", subrayó.

Abusos urbanísticos

Rosario Valls comentó que se llevaron a cabo "innumerables abusos urbanísticos permitidos por la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)", entre los que lamentó "el caso de un matrimonio mayor, propietario de un terreno de 170 metros cuadrados donde estaba su casa que --según indicó Valls-- recibió una carta de desahucio en la que declaraban su terreno de propiedad desconocida" y les comunicaban que "tenían que demostrar que eran los dueños".

Al respecto, Valls apuntó que "se les dio 15 días para abandonar la casa, que según la carta se valoraba en 250.000 pesetas. El 'shock' de este matrimonio fue tan grande", dijo, que el marido "cayó fulminado a los tres días. No llegó a los 15", concluyó.

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