En Ecuador 200 predios impagos por expropiación

La Asamblea Constituyente planteó la prohibición del latifundio, la concentración y el acaparamiento de tierras. Y especificó la expropiación de bienes privados, para fines de bienestar colectivo y de interés social.

Pero los resarcimientos no son tan sencillos como lo proponen los asambleístas.

El Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola (INDA) aún acarrea las deudas que no pudo cancelar el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria de Colonización (IERAC), pese a que éstas tendrían que haberse efectuado entre 1964 y 1973.

Las cuentas pendientes
Hay 200 predios impagos que aún permanecen en la lista de espera de los afectados por la medida que planteaba que la tenencia de tierras debía corresponder a la gente que las trabaja.
 
La suma total que debe cancelar el INDA por pago de expropiaciones supera los 18 millones de dólares. Para 2008, hay un presupuesto de 500 mil dólares. De los cuales, alrededor de 160 mil dólares se harán efectivos en el segundo cuatrimestre del año.

Pero el problema se extiende al propio Estado, ya que las cuentas por pagar salen del bolsillo del presupuesto nacional, y no precisamente de las personas o asociaciones a las que se les adjudico la tenencia de tierras.

Los juicios
Ha sido muy difícil recuperar los pagos de las comunidades o de los particulares, afirmó Roberto Chán, director del INDA. Muchos se muestran reacios a pagar el valor de las tierras.

Mientras que, el INDA debe enfrentar juicios por parte de los antiguos propietarios que no recibieron las indemnizaciones o que consideraron que los avalúos estaban mal hechos.

Las demandas van desde el millón de dólares hasta los 15 millones. Esto comprende predios de 100 hectáreas hasta 1.000 y las acusaciones contemplan incluso los tiempos de pérdida que sufrieron los propietarios debido a la medida.

La historia
Las tierras expropiadas por el IERAC eran automáticamente adjudicadas a particulares que alegaban trabajar en ellas, sin espera de los pagos por el valor de los predios.

Lo que el país enfrentó después de la reforma agraria de los años 60`s fue que los grandes latifundios quedaron en manos de las comunidades de los campesinos indígenas, aseguró un funcionario del INDA.

Pero este acaparamiento de tierras no es susceptible a auditoría del INDA ni a expropiación, se trata de un sector blindado, aseguró la fuente. Y agregó, que incluso resulta ser un sector improductivo.

Lo que tendría que analizarse es si en la nueva constitución que plantea el Gobierno, las comunidades tengan que ajustarse a las mismas leyes que todos los demás.
La prohibición del acaparamiento de tierras puede atentar contra la propia producción del país. Ya que una empresa de alimentos no puede generar oferta de productos en masa si se le quita terreno, explicó el funcionario.

“En este caso, los más afectados son los agroindustriales que incorporan valor agregado al campo”, comentó.

De allí, que es importante que la ley proteja la producción del país y no sólo se enfoque en la economía de subsistencia que a la larga no abastecerá al país, y en menor medida logrará exportar, sostuvo el funcionario.

Lo que falta definir
La Asamblea no definió los parámetros para conceptualizar lo que es latifundio ni cuantas hectáreas de terreno serán consideradas como acaparamiento de tierras.

Ni tampoco se prevé un mecanismo de prevención ante las invasiones que pueden sufrir las propiedades. Las zonas con más denuncias son las del Guayas, Pichincha, Los Ríos, y Esmeraldas.