El proceso de cambio constitucional impulsado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, incluso desde antes de su llegada al poder entró hoy en una nueva etapa con la votación del proyecto de nueva Carta Magna.
La sesión final de la Asamblea comenzó con sólo 70 de los 130 legisladores que la integran, a los que paulatinamente se fueron sumando los demás.
Cada uno de los asambleístas tiene tres minutos para argumentar su posición a favor o en contra del proyecto y una vez que hayan hablado todos empezará el proceso de votación, último punto del "orden del día".
Antes de exponer sus argumentos, los asambleístas acordaron declarar festivo el día de mañana, viernes, por considerar que es una fecha "histórica", pues la nueva Carta Magna, la vigésima del país, será entregada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que organice la consulta del 28 de septiembre.
La Asamblea Constituyente de Ecuador está dominada por el movimiento oficialista Acuerdo País, que cuenta con 78 de los 130 escaños y el apoyo de otros representantes de grupos de izquierdas afines, lo que hace casi segura la aprobación del texto.
Casi desde el mismo 29 de noviembre pasado, cuando comenzó a trabajar la Asamblea, la oposición ha denunciado que aunque fue creada sólo para redactar una Carta Magna, ese órgano se ha arrogado funciones que no le corresponden.
También ha acusado al presidente Rafael Correa y al gobierno de interferir en los asuntos de la Asamblea, lo que ha sido negado desde el oficialismo.
A lo largo de los ocho meses de funciones de este órgano colegiado dotado de amplios poderes, las diferencias entre el oficialismo y la oposición se han manifestado frecuentemente con gritos, discusiones airadas y abandono de las sesiones.
La penúltima sesión de la Asamblea, que concluyó bien entrado el día de hoy, no fue una excepción.
"No a la dictadura, no a los proyectos dictatoriales, no y mil veces no", gritó Gilmar Gutiérrez, asambleísta del Partido Sociedad Patriótica, cabeza visible de la oposición al Gobierno de Correa, antes de abandonar la sesión iniciada este miércoles en Montecristi (oeste del país), donde tiene su sede la Asamblea.
En esa penúltima cita, la Asamblea hizo sentir sus plenos poderes, al decidir un mecanismo de transición, cambiar funcionarios e incluso hacer añadidos al proyecto de Carta Magna.
Los asambleístas aprobaron la creación de una comisión que hará las veces de Parlamento durante la transición, reestructuraron la Cortes Suprema y el Tribunal Electoral, e incluyeron al quichua y shuar como idiomas oficiales, en relación de interculturalidad con el español, aunque eso no constaba en el borrador del texto entregado el pasado sábado, compuesto por 444 artículos.
El asambleísta Luis Hernández, del movimiento Red, Ética y Democracia (RED), que al igual que Gutiérrez también abandonó el pleno la pasada madrugada, aseguró a Efe que la Asamblea "ha puesto en práctica las mismas viejas artimañas de los partidos tradicionales".
Por su parte, el asambleísta Leonardo Viteri, del conservador Partido Social Cristiano, consideró que "ha habido una injerencia grosera por parte del buró político (del movimiento oficialista), por parte del presidente de la nación, de unos asesores españoles, por parte de la comisión de redacción (del proyecto)".
"Ellos fueron los que terminaron pariendo y ultimando la nueva Constitución", subrayó Viteri.
Los asambleístas de oposición aseguran que el proyecto de Constitución fue "hecho a la medida del presidente Rafael Correa" y la califican de "totalitaria".
Por su parte, el oficialismo asegura que el proyecto, que incluye la posibilidad de que los presidentes se presenten a la reelección una sola vez, responde a lo que pide la ciudadanía.
En enero pasado, la Asamblea creó una Unidad de Participación Ciudadana (UPS) para que recogiera todas las propuestas de la sociedad, que han sumado 3.164, según señaló hoy Mencha Barrera, coordinadora de ese trabajo.
En su batalla por cambiar la estructura política del Estado, Correa ha señalado que intenta sacar a su país de la "larga y triste noche neoliberal" y llevarlo hacia el "Socialismo del siglo XXI"
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