La Audiencia Provincial de Madrid determinó en enero que no había responsables penales en el incendio del edificio Windsor, respaldando la decisión del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, que archivó la investigación al no encontrar culpables directos, según publicó el diario 'La Gazeta de los Negocios'.
En el auto fechado el 10 de diciembre, la Audiencia madrileña desestimó los recursos interpuestos contra el sobreseimiento de la causa por varias partes, entre ellas, la aseguradora del Windsor, Allianz, el ocupante del edificio, Deloitte, y el propietario, Asón.
En la resolución judicial se concluyó que "no existían indicios de que el fuego fuese intencionado". De este modo, se eximió penalmente a la trabajadora de Deloitte que reconoció que fumó cigarrillos y que abandonó el despacho en que se originó el fuego justo antes de que comenzara a sonar la alarma.
Además, los magistrados exoneraron de responsabilidad penal la actuación de los vigilantes de seguridad del edificio. El Juzgado que investigó el incendio afirmó que los agentes de Prosegur se atuvieron a "los parámetros normales de exigibilidad a tenor de la situación que se produjo". En cuanto a Asón, el auto tampoco apreció los defectos que se le imputaban a los medios de extinción del incendio.
Indemnizaciones La decisión de la Audiencia zanjó el proceso penal del incendio del edificio Windsor. LLegó entonces el turno de los perjudicados, que podrían acudir a través de la vía civil para interponer sus correspondientes demandas y obtener la preceptiva indemnización.
El procedimiento se trasladó así a un Juzgado de Primera Instancia de lo Civil para que se debatiera quién sería el que se hiciera cargo de pagar los cuantiosos daños ocasionados en la fatídica noche del 12 de febrero de 2005. Según 'La Gazeta de los Negocios', es probable que en las próximas semanas se dirigieran numerosas demandas de responsabilidad civil contra Asón, Deloitte y Prosegur. La suma de los daños superaría seguramente los 100 millones de euros.
El plazo para reclamar daños en la mayoría de los casos se fijó en un año y las demandas serían resueltas por el mismo juez, pese a que se interpusieran ante juzgados distintos. La complejidad del caso hizo que la Audiencia Provincial de Madrid tardara casi dos años en dictar el definitivo auto, ya que contra esta decisión no se puede interponer recurso.
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