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Joven indígena acusado de robo es flagelado por su comunidad en Ecuador

Joven indígena acusado de robo es flagelado por su comunidad en Ecuador

Una comunidad indígena de la provincia de Chimborazo, en el centro andino de Ecuador, flageló a un joven acusado del robo de tres ovejas, castigo que contempla su justicia ancestral.

Los pobladores de la comunidad Tamboguashca, en Chimborazo, capturaron a dos ciudadanos ecuatorianos, a los que acusaron de robar tres ovejas, uno de los detenidos logró escapar antes de que los habitantes aplicaran la denominada "justicia indígena".

Los habitantes de Tamboguashca ataron de pies y manos a un poste a Marcelo Garcés, el imputado, y luego lo golpearon con una correa y un látigo de cuero.

Después de castigarlo, los comuneros lo bañaron con agua helada, mientras el acusado alegaba inocencia e imploraba a los comuneros que cesaran los castigos.

Luis Toabando, uno de los líderes de la comunidad, dijo a los periodistas que los castigos físicos se aplican porque no creen en la justicia oficial.

Además, Toabando recordó que ese tipo de escarmiento ha sido aplicado por los grupos indígenas durante siglos.

El fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, condenó el hecho y calificó los castigos públicos como un "acto degradante" y contrario a las normas oficiales.

Pesántez no descartó que incluso los dirigentes de la comunidad puedan ser procesados por el escarnio y la degradación pública de un ciudadano.
No obstante, la Justicia ecuatoriana acepta la denominada justicia indígena, siempre que su aplicación no se contraponga con la Constitución y la legislación vigente.

Incluso, el Estado ecuatoriano ha decidido crear fiscalías indígenas, con el objetivo de atender las demandas legales de los grupos indígenas, intentar evitar la aplicación de "justicia por mano propia" y resolver los procesos judiciales en las comunidades en el propio idioma de ésta, el quichua.

Varios sectores de abogados y políticos han criticado esas prácticas, porque aseguran que violan los derechos humanos y las garantías del derecho a la defensa y al debido proceso.

Las organizaciones indígenas, de su lado, han solicitado a las autoridades del país que analicen la incorporación de la denominada "justicia indígena" en el marco jurídico nacional.

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