Aunque la Constitución Política del Estado establece que el único con facultades legales para designar prefectos es el Presidente de la República, pese a la ley de convocatoria a elecciones de prefectos en la que no está establecida el procedimiento de sustitución de prefectos en caso de renuncia o revocatoria.
Al abandonar la Prefectura, Reyesvilla dijo a la prensa que no se aferra al cargo e insistió en que seguirá defendiendo la legalidad. "No estoy desesperado, de ninguna manera, Manfred es una persona que se debe a la democracia a la decisión de los cochabambinos", afirmó la autoridad revocada el domingo por más del 60 por ciento.
El prefecto saliente explicó que dejó el cargo a Johnny Ferrel como muestra de que no se aferra al cargo y estará a la espera de qué decide el Gobierno de Evo Morales. Por su parte el vocero de la Prefectura, Erick Fajardo, no quiso dar información sobre el futuro de Reyes Villa.
La carrera de Manfred Reyes Villa, que declaró ante la Contraloría General de la República 14.456.700 bolivianos, comenzó con Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Hugo Banzer Suárez y luego de peleas internas forma su propio partido la Nueva Fuerza Republicana (NFR), frente político con el que co-gobernó unos meses con el depuesto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003.
Para ganar la Prefectura Cochabambina el 2005 formó su agrupación ciudadana y en dos años y medio de gestión acumuló una serie de denuncias de corrupción.
Está acusado de utilizar los recursos del IDH en la compra de autos lujosos de para la Prefectura. Fue uno de los principales artífices para la conformación del Conalde que aglutina a prefectos autonomistas y opositores al Gobierno. "Adelante Santa Cruz con su independencia", fue una de las frases que más polémica y reacciones de rechazo generó en Cochabamba y en el país.
Reyes Villa activó una ofensiva jurídica para frenar el referendo revocatorio de mandato popular previsto para el 10 de agosto, lo que al final no prosperó.
Reyes Villa apeló a todos los medios para evitar la consulta popular. Presentó un recurso de impugnación contra las resoluciones emitidas por el organismo electoral, también envió misivas a organizaciones internacionales para que no designen observadores electorales para los comicios.
Además inició una campaña internacional contra el revocatorio. Envió cartas a diferentes organizaciones, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Consejo Electoral Andino (CAE), que depende de la Comunidad Andina (CAN), para que estas entidades no envíen observadores electorales.
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