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Desde la Giralda

Transparencia

Transparencia

miércoles 15 de noviembre de 2006, 19:19h
Antes del verano, e incluso frente a la opinión de muchos, no dudé en alinearme con los preceptos consagrados por nuestra Constitución, más concretamente con aquel que establece que cualquier ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario, aplicado al caso de las adjudicaciones de obras públicas (más exactamente de tipo deportivo) a empresas propiedad de familiares de nuestro presidente, Manuel Chaves, o gestionadas por ellos (en relación con las cuales aparecía también una hija del mismo) y en cuya designación, elección o informe favorable estaba implicado un alto cargo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte hermano igualmente de nuestro presidente.

Creo que mi argumento era más que razonable, por estar fundado en el citado precepto de nuestra Carta Magna y porque además, a título exclusivamente personal pienso que cualquier familiar de cualquier político con mando en plaza en nuestro país tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a ganarse la vida como trabajador, empresario o lo que quiera que sea, ya que entre las muchas prebendas de cualquiera de nuestros políticos (que yo sepa al menos) no figura la de asignar una cantidad fija o variable a sus hermanos y otros allegados para que puedan vivir sin trabajar durante el tiempo en que permanezcan en sus cargos.

Pero también esgrimía aquel viejo dicho de que la mujer de César no sólo tenía que ser honrada, sino también parecerlo, un dicho antiguo que la familia Chaves parece desconocer, porque ya entonces decidieron sus miembros dejar para después del verano las explicaciones que los grupos de la oposición pretendían que ofrecieran en el Parlamento sobre los hechos denunciados; y pasó el verano y tampoco se dieron; y un buen-mal día el propio Manuel Chaves invitó a quienes se las reclamaban a que si consideraban que había habido algo ilegal se fueran a denunciarlo al correspondiente Juzgado de Guardia.

Eso me hizo recordar que a lo largo de muchos años los periodistas nos hemos visto asaltados mil y una veces por políticos que acusaban a sus enemigos en esos menesteres de pretender llevar a los Tribunales con demasiada frecuencia los asuntos que consideraban puramente políticos, mientras que en ocasiones eran ellos mismos los que lo hacían. Se trataba simplemente de actuar, como ahora ha seguido haciendo Chaves, de la manera que en cada momento consideran más adecuada a sus intereses, de alinearse sin reparo ni decoro alguno en la orilla que cada vez le fuera más favorable para seguir el curso del río. Y ahora, por lo visto, para el presidente el lugar más cómodo era el de mandar a los protestantes con la música a otra parte, concretamente a los Juzgados.

El último capítulo de la historia, al menos por el momento, ha tenido lugar hace sólo unos días, cuando la mayoría absoluta de que gozan los socialistas en el Parlamento de Andalucía ha echado para atrás otra nueva petición de los grupos de la leal oposición para que compareciera en el mismo un inspector de la Administración andaluza de cuyo informe parece ser que saltó la liebre cargada de presuntas irregularidades. De momento no van a llegar tampoco por este camino las esperadas aclaraciones y explicaciones.

Y ocurre que, pese a todos, yo sigo en mis doce más una y mantengo que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, por lo que sin duda de momento lo son Antonio y Leonardo, hermanos de Chaves, junto con su hija. Lo que sucede, y tal vez no deberían olvidarlo, es que vivimos en un mundo que nos ha acostumbrado a montar en un momento un juicio paralelo en el que dictar sentencia. Y tantas demoras en aclarar lo ocurrido puede llevar a una condena para la que tal vez no exista razón alguna. ¿O es que sí?

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